En un clima de opacidad y control absoluto, la asamblea al servicio de la dictadura de la familia Ortega Murillo, recibió este martes una propuesta de reforma constitucional enviada por el viejo dictador Daniel Ortega.
La iniciativa, presentada por Claudia Curtis, quien le lleva los papeles de Ortega al sancionado di-puta-do al frente de la Chanchera, Gustavo Porras, genera más dudas que certezas sobre el futuro de los derechos ciudadanos en el país.
Porras, cuya fidelidad perruna al régimen Ortega-Murillo es tristemente célebre, justificó la iniciativa en términos generales, calificándola como una “modernización y actualización” de la Constitución.
Sin embargo, la falta de transparencia y el historial de reformas impuestas por la administración Ortega-Murillo despiertan sospechas entre analistas y opositores, quienes temen un endurecimiento aún mayor de las leyes represivas en Nicaragua.
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Reforma con contenido oculto
El texto completo de la reforma aún no está disponible en el sitio web oficial de la Chanchera, alimentando el temor de que su alcance implique cambios drásticos destinados a fortalecer el control del régimen sobre los nicaragüenses.
La siniestra co dictadora Rosario Murillo, portavoz de las aberraciones del régimen, utilizó un tono grandilocuente y sibilante para describir la propuesta, asegurando que busca “afianzar los derechos del pueblo” y “asegurar estabilidad y trabajo”.
Sin embargo, estas palabras contrastan con las acciones previas del Ejecutivo, que ha utilizado reformas similares para restringir derechos fundamentales y legalizar prácticas de expropiación.
Y es que nada que salga de la boca soez de la tirana augura buenas noticias.
“Somos los dueños de nuestra tierra y nuestra historia”, exclamó Murillo en su discurso, mientras la realidad refleja un país sumido en la pobreza, con una economía debilitada y miles de ciudadanos exiliados o perseguidos.
Esta retórica, calificada por críticos como “vacía y propagandística”, busca desviar la atención de las posibles consecuencias de una reforma constitucional en un contexto de creciente represión.
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Historial de reformas controvertidas
En lo que va de 2023, la Constitución de Nicaragua ha sido modificada cuatro veces, todas de manera expedita y sin debate público.
Estas reformas han sido implementadas en beneficio del régimen, ajustando la carta magna para consolidar su poder, expropiar propiedades y limitar los derechos de los ciudadanos.
Aunque la normativa exige que las reformas sean aprobadas en dos legislaturas, el corral legislativo ha ignorado estos procedimientos, eliminando cualquier apariencia de legalidad.
Con 75 de los 91 diputados pertenecientes al partido oficialista y un puñado de «opositores» a la medida del régimen que rara vez cuestionan las propuestas, la Chanchera se ha convertido en una mera extensión del Carmen, sin espacio para el debate ni representación genuina de los intereses del pueblo.
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¿Una reforma para reforzar alianzas internacionales?
El anuncio de esta reforma ocurre un día después de que Daniel Ortega ofreciera a empresarios chinos un relanzamiento del proyecto del canal interoceánico, y de que su hijo, Laureano Ortega Murillo, firmara acuerdos comerciales y de infraestructura con China.
Este contexto levanta sospechas sobre si los cambios constitucionales están diseñados para facilitar concesiones o ajustes legales que beneficien a las empresas de la Familia Mafiosa sin consultar a la población.
El control absoluto del régimen sobre el Corral Legislativo y el silencio en torno al contenido de la reforma dejan al país en una situación de incertidumbre. ¿Será esta otra reforma destinada a despojar a los nicaragüenses de sus derechos?
Un país en manos de la incertidumbre
¿Estará orientada a reforzar leyes represivas o a abrir la puerta para nuevas expropiaciones? La falta de claridad y el historial del régimen no auguran nada positivo.
En un país donde la pobreza extrema afecta al 30 % de la población, según organismos internacionales, y donde las instituciones están sometidas a un poder absoluto, esta nueva reforma no genera esperanza, sino temor.
Los próximos días serán cruciales para determinar cómo el régimen Ortega-Murillo utilizará este nuevo ajuste constitucional para consolidar aún más su dominio sobre el segundo país más pobre de América.