El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha emitido una nueva normativa que obliga a todas las instituciones del Estado nicaragüense a adquirir exclusivamente productos tecnológicos de manufactura china.
La medida, formalizada a través de la Circular Administrativa DGCE-SP-10-2024, refuerza los lazos económicos y políticos entre el régimen criminal sandinista y la República Popular China, consolidando un vínculo que analistas califican como de «dependencia estratégica».
La disposición, publicada el 15 de noviembre, establece que todas las entidades y organismos del sector público prioricen la compra de soluciones tecnológicas de origen chino.
El argumento es de factores como precios competitivos, «calidad» y el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, vigente desde enero de 2024.
Según el documento, esta medida busca «fomentar la innovación tecnológica» y proteger al país de «agresiones ilícitas» derivadas de sanciones internacionales.
Dependencia y servilismo hacia China
La orden administrativa subraya la estrecha alineación del régimen de Ortega con China, país que se ha convertido en uno de sus principales aliados internacionales desde la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán en 2021.
Desde entonces, el régimen sandinista ha profundizado su relación con Pekín, obteniendo respaldo político en organismos internacionales y cooperación económica, a cambio de lo que críticos señalan como «una sumisión total a los intereses del Partido Comunista chino».
La adopción de esta medida ocurre en un contexto de creciente aislamiento de Nicaragua, afectada por sanciones internacionales debido a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, el cierre de medios de comunicación, el encarcelamiento de opositores y la persecución contra organizaciones de la sociedad civil.
Para Ortega, China representa no solo un socio comercial, sino también un aliado estratégico que le permite sortear las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Impacto en el mercado tecnológico
La decisión de centralizar las compras estatales en productos chinos podría generar un impacto significativo en el mercado tecnológico de Nicaragua, excluyendo a empresas de otras regiones, como Estados Unidos y Europa, que tradicionalmente han abastecido al sector público.
Especialistas advierten que la medida puede tener consecuencias negativas, como la dependencia tecnológica de un único proveedor y la vulnerabilidad frente a estándares de calidad que podrían no ajustarse completamente a las necesidades locales.
Una estrategia con doble filo
Analistas consultados consideran que esta disposición refuerza la narrativa del régimen sandinista de presentarse como resistente a las «agresiones imperialistas», mientras fortalece su alianza con una potencia emergente como China.
Sin embargo, señalan que esta política podría consolidar aún más el aislamiento internacional de Nicaragua y aumentar el descontento interno frente a un modelo que muchos califican como autoritario y centralista.
Por ahora, la medida entra en vigor de inmediato, dejando al sector público sin alternativas frente al mandato oficial.
La comunidad internacional observa con atención los pasos de un régimen cada vez más dependiente de socios que comparten su rechazo a los valores democráticos.