El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas admitió la primera denuncia por la privación arbitraria de la nacionalidad contra un nicaragüense, ordenada por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 15 de febrero de 2023.
La Unidad de Defensa Jurídica, UDJ, informó que la activista y abogada nicaragüense Azahalea Solís, logró que su caso fuera admitido y sostuvo que se trata de un hito que podría marcar un precedente clave para la justicia y la protección de los derechos humanos en Nicaragua.
“El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas registra el primer caso sobre privación arbitraria de la nacionalidad en Nicaragua en favor de nuestra abogada Azahalea Solis. El caso puede abrir el camino para justicia y reformas estructurales en Nicaragua en favor de las víctimas de apatridia desde 2023”, señaló en su cuenta de X.
El caso de la activista, feminista y abogada de la UDJ abre los siguientes hitos: “El Comité tiene la oportunidad de sentar un criterio sobre los patrones de represión en Nicaragua, en especial contra las personas defensoras de derechos humanos. Puede desarrollar nueva jurisprudencia sobre varios derechos no contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
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Camino a la justicia internacional
«Puede ser el primer caso en el que el Comité declare la violación autónoma al derecho a defender derechos humanos, marcando un avance importante para la protección de este derecho a nivel mundial”, destacó la UDJ.
Solís expresó su satisfacción por la aceptación de su caso. “El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas admite mi denuncia contra la privación arbitraria de la nacionalidad y otras violaciones cometidas por Ortega y Murillo”, escribió en X.
La activista se vio obligada a abandonar Nicaragua en febrero de 2023, después de que la dictadura de Daniel Ortega le despojara de su nacionalidad, confiscara su hogar y la declarara “prófuga de la justicia”.
El Comité de la ONU ahora tiene la oportunidad de examinar las graves violaciones cometidas por el régimen de Ortega y Murillo, en un contexto donde las represalias contra defensores de derechos humanos y opositores políticos se han intensificado.