Nunca hubo, ni habrá un canal interoceánico en Nicaragua, pero de aquella absurda fantasía que derivó en corrupción y represión, solo quedan juicios y demandas establados contra el Estado nicaragüense bajo control de la dictadura sandinista.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) anunció que el próximo 18 de noviembre dictará la sentencia en el caso “Pueblos Rama y Kriol Vs. Nicaragua”.
Esta es una disputa histórica sobre los derechos territoriales de estas comunidades indígenas y afrodescendientes afectados por el fallido proyecto del canal interoceánico en Nicaragua.
La audiencia se realizará de manera presencial en San José y virtual, dando fin a un proceso de demandas y reclamos de las comunidades contra el Estado nicaragüense desde 2014.
Solo los recuerdos de la represión quedaron
Las comunidades Rama y Kriol alegan que la dictadura de Nicaragua violó su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) al aprobar las leyes 800 y 840, que otorgaron la concesión para construir el canal a la empresa china HKND Group, sin realizar consultas adecuadas.
El proyecto, que amenazaba territorios ancestrales y ecosistemas protegidos, provocó protestas masivas y violaciones a derechos humanos contra campesinos e indígenas que se oponían.
Aunque la Ley 840 fue derogada en mayo de 2024, los pueblos Rama y Kriol afirman que esta decisión es insuficiente y demandan una reparación integral por los daños culturales, ambientales y sociales sufridos.
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Canal interoceánico de papel
La sentencia de la Corte IDH podría sentar un precedente crucial para la protección de los derechos de comunidades indígenas en proyectos de gran envergadura en América Latina.
Este caso, iniciado en 2014, se centró en la falta de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) antes de la aprobación de la Ley No. 800 y la Ley No. 840.
Estas leyes establecieron el marco legal y concedieron el desarrollo del canal al empresario chino Wang Jing en territorios pertenecientes a las comunidades Rama y Kriol sin una consulta adecuada.
Las comunidades han argumentado que estas leyes se implementaron sin su consentimiento, violando su derecho a la autodeterminación y poniendo en peligro su cultura, territorio y medio ambiente.
Represión contra las marchas anticanal
El proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, inicialmente promovido como una ambiciosa obra de infraestructura que competiría con el Canal de Panamá, fue aprobado en 2013 y concesionado a la empresa china HKND Group.
Su ruta, que atravesaría el 52% de territorios indígenas y afrodescendientes, despertó desde el principio preocupación en las comunidades locales y ambientalistas.
Cientos de marchas de campesinos e indígenas fueron reprimidas por la dictadura Ortega Murillo, con saldos de decenas de heridos, apresados y perseguidos.
Según los planes iniciales, el canal tendría 278 kilómetros de longitud, atravesando vastas áreas de biodiversidad, incluyendo la Reserva Biológica Indio-Maíz, un ecosistema vital del sureste de Nicaragua.
Sin embargo, el proyecto fue criticado no solo por sus potenciales impactos ambientales, sino también por las violaciones a los derechos humanos que implicaba, según denunciaron las comunidades afectadas y organizaciones internacionales.