Al menos el 7.5% del Presupuesto General de la República de Nicaragua se destinará a financiar el aparato represivo de la dictadura de Daniel Ortega el próximo año.
Así se refleja en el proyecto de gasto público presentado esta semana ante la Asamblea Nacional, donde se aprueba sin cambios sustanciales.
El documento revela que al menos 11,544.4 millones de córdobas serán para “orden público y seguridad”, lo que representa un aumento de 898.6 millones de córdobas respecto al presupuesto asignado este año.
Las entidades beneficiadas incluyen a la policía sandinista, el Aparato Judicial; el tenebroso Ministerio del Interior; la Fiscalía del régimen; la Procuraduría General de la dictadura; la degradada Procuraduría para la «Defensa» de los Derechos Humanos y la Unidad de Análisis Financiero.
Estas instituciones son clave en la implementación de la política de represión del régimen, que incluye la captura, procesamiento y confiscación de propiedades de ciudadanos críticos.
Además, se han enfocado en la investigación de las finanzas personales de los opositores, negarlos crímenes y repetir narrativas afines a la dictadura.
En este contexto, la Procuraduría fue degradada por el Consejo de Derechos Humanos de Nacionaes Unidas al no proteger los derechos fundamentales de la población.
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Qué bien la paga la dictadura a la guardia
El proyecto también incluye la asignación de 4,240 millones de córdobas para el ejército sandinista, cómplice de las arbitrariedades del régimen, contribuyendo a la intimidación y persecución de los ciudadanos.
El ex preso político y economista Juan Sebastián Chamorro destacó que la suma de los fondos asignados a la policía y la guardia sobrepasa el 6% del presupuesto nacional, lo cual es mayor que la asignación constitucional para las universidades.
«Que el ejército y la policía sean la sexta entidad con mayores asignaciones dentro del Presupuesto refleja claramente las prioridades de la dictadura», señaló Chamorro.
Chamorro agregó que mientras se aumenta el financiamiento a estas instituciones represivas, el gasto corriente del Estado muestra una disminución del 2% en comparación con el presupuesto actualizado, lo que se traducirá en recortes de planillas y beneficios laborales el próximo año.
Régimen castiga a los productores
Chamorro también destacó que el régimen castiga al sector productivo al no reasignar los proyectos que ejecutaba el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).
La dictadura cerró esta entidad como parte de la compactación del Estado.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tampoco ha asumido la ejecución de estos proyectos, lo que implica la desaparición del apoyo a pequeños productores.
Por otra parte, se registra un recorte de 3,000 millones de córdobas en el gasto de protección social, algo que el régimen evitó mencionar en la presentación del proyecto presupuestario.
Concretamente, el gasto en protección social para 2025 será de 4,978.6 millones de córdobas, una cifra significativamente inferior a los 8,033.5 millones de córdobas gastados este año.