La dictadura sandinista liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad contra comunidades religiosas en Nicaragua desde 2018, según un nuevo informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El Boletín 05: Crímenes de Lesa Humanidad contra las Personas Religiosas en Nicaragua«, documenta torturas, encarcelamientos arbitrarios y destierros forzosos como parte de una campaña de represión sistemática dirigida especialmente contra la Iglesia Católica, vista como un bastión de resistencia ante el régimen.
La persecución comenzó a intensificarse a raíz de las protestas antigubernamentales de 2018, cuando la Iglesia Católica jugó un papel clave como mediadora y defensora de los derechos humanos, lo que la convirtió en un blanco prioritario del régimen.
Según el informe, el régimen de Ortega-Murillo ha implementado una estrategia de criminalización del clero, pastores evangélicos y laicos que se han pronunciado en contra de las atrocidades.
Estos líderes religiosos han sido acusados de traición a la patria, conspiración y propagación de noticias falsas, utilizando leyes represivas como la Ley de Soberanía (Ley 1055) aprobada en 2020, que castiga severamente cualquier crítica a la secta sandinista.
Lea: Régimen intenta engañar sobre estado de terror en Nicaragua
Detenciones y torturas como forma de represión
El informe señala que al menos 74 líderes religiosos han sido arrestados arbitrariamente desde 2022.
Estos detenidos a menudo no reciben un juicio justo y son sometidos a juicios expeditos sin las garantías procesales necesarias.
El caso más emblemático es el de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, arrestado en agosto de 2022 tras criticar públicamente al gobierno.
Álvarez fue condenado a 26 años de prisión en febrero de 2023 después de rechazar la propuesta de ser exiliado, convirtiéndose en un símbolo de resistencia tanto dentro como fuera de Nicaragua.
Este año fue desterrado a Roma, desnacionalizado y sus propiedades confiscadas.
El informe también revela que las torturas infligidas a los líderes religiosos han sido especialmente crueles.
Un testimonio impactante recogido en el documento describe cómo a los sacerdotes se les obligaba a realizar sentadillas desnudos durante los interrogatorios, mientras se les administraban laxantes para agravar su sufrimiento.
Estas prácticas violan los derechos humanos fundamentales y, según el Estatuto de Roma, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Destierros masivos y apatridia made in FSLN
Desde principios de 2023, al menos 450 personas, entre ellas decenas de sacerdotes y laicos, han sido despojadas de su nacionalidad nicaragüense y desterradas.
Una clara violación del derecho internacional que prohíbe la apatridia.
El informe detalla que 13 de las 135 personas desterradas en septiembre de 2024 pertenecían a órdenes religiosas o estaban vinculadas a la Iglesia Católica.
Este destierro masivo ha dejado vacías muchas parroquias en el país, especialmente en diócesis como la de Matagalpa, que ha sido un bastión de resistencia contra el régimen.
La desnacionalización no solo afecta a los líderes religiosos, sino que también destruye el tejido social y religioso de Nicaragua, señala el Colectivo.
Al prohibir las procesiones y festividades religiosas, el régimen ha asfixiado la libertad de culto en todo el país, eliminando uno de los pocos espacios donde la comunidad nicaragüense encontraba apoyo y consuelo en medio de la represión.
Crímenes de lesa humanidad del FSLN
El informe también denuncia el cierre masivo de organizaciones religiosas, incluidas 843 asociaciones religiosas y la ONG Cáritas de Matagalpa, que desempeñaba un papel fundamental en la asistencia social y humanitaria en una de las regiones más empobrecidas del país.
Este cierre, combinado con el destierro de más del 25% de los sacerdotes, ha dejado a muchas comunidades sin líderes espirituales, lo que afecta gravemente el tejido social y espiritual de Nicaragua.
Además de la Ley de Soberanía, el régimen ha utilizado otras herramientas legales para reprimir a la comunidad religiosa.
La Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042) ha sido aplicada para perseguir a aquellos sacerdotes y pastores que denuncian la persecución en sus sermones o a través de las redes sociales.
Esta normativa permite al gobierno encarcelar a cualquier persona que difunda información considerada «falsa», según el criterio del régimen.