La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sólida condena contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el destierro de 135 presos políticos en Nicaragua, enviados a Guatemala el pasado 5 de septiembre.
Entre los desterrados están defensores de derechos humanos, laicos católicos y misioneros, quienes denunciaron ante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH las condiciones inhumanas durante su encarcelamiento.
La CIDH exige la liberación inmediata de todos los presos políticos que aún permanecen en las cárceles del país.
Los testimonios de los desterrados recogen graves denuncias sobre las condiciones deplorables en los centros penitenciarios nicaragüenses.
Las personas excarceladas describen celdas insalubres, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, así como negligente atención médica y restricción en la recepción de paquetes y visitas familiares.
Además, los prisioneros fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los esbirros penitenciaros.
Sufrieron golpizas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño y vigilancia mediante cámaras instaladas en las celdas.
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Mujeres presas en condiciones infrahumanas
Especialmente preocupantes son las condiciones descritas por mujeres detenidas en la cárcel conocida como La Esperanza, donde la falta de acceso a productos básicos de higiene, el hacinamiento y la ausencia de atención médica adecuada fueron recurrentes.
Algunas de estas mujeres presentaban problemas de salud, como infecciones, y a pesar de ello, no recibieron los medicamentos necesarios.
Además se ha documentado el uso de regímenes de aislamiento prolongado en este centro penitenciario, lo que añade una capa adicional de sufrimiento físico y psicológico a las prisioneras.
Los desterrados han expresado su incertidumbre sobre su futuro, señalando la vulnerabilidad que enfrentan en condiciones de exilio forzado.
Las secuelas físicas y emocionales derivadas de su estancia en prisión son profundas, y muchos temen por la seguridad de sus familias que permanecen en Nicaragua.
En el país las represalias del régimen continúan siendo una amenaza constante para los opositores políticos y defensores de derechos humanos.
Condiciones inhumanas de los presos políticos en destierro
La CIDH, en su comunicado, destacó la necesidad urgente de brindar apoyo humanitario y legal a los desterrados, solicitando a la comunidad internacional que intervenga para garantizarles condiciones de vida dignas.
La Comisión también exhortó a los Estados que reciben a estas personas a proporcionarles protección internacional y un estatus migratorio estable.
Pide, además, que faciliten su integración y les permita reconstruir sus vidas en condiciones de dignidad, lejos de la persecución que sufrieron en Nicaragua.
La CIDH ha hecho un llamado firme al régimen criminal de Nicaragua para que cese de inmediato la persecución y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos.
A la vez le pide que libere a todas las personas que continúan detenidas de manera arbitraria en el país.
Según los datos más recientes, al menos 36 personas permanecen bajo detención arbitraria, entre las cuales destacan ocho líderes indígenas que siguen en condiciones inhumanas, como insalubridad, falta de acceso a agua potable, alimentación inadecuada y negligencia médica.
Estos presos enfrentan también malos tratos por parte de las autoridades, lo que agrava aún más su situación.
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La CIDH insiste en la liberación de los detenidos y en la protección de los desterrados
La Comisión reafirmó su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua.
Al mismo tiempo, solicitó a la comunidad internacional que no baje la guardia ante las continuas violaciones perpetradas por el régimen de Ortega y Murillo.
La CIDH instó a los países receptores de los desterrados a actuar con rapidez para asegurar su bienestar y estabilidad migratoria.
De mismo modo advirtió que las condiciones en las cárceles de Nicaragua constituyen una violación flagrante de los estándares internacionales de derechos humanos.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene como mandato la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.
Actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
Con la constante persecución a opositores políticos y la represión contra la sociedad civil en Nicaragua, el rol de la CIDH ha sido crucial para documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura de Ortega y Murillo.