No es usual, pero en una misma semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) público tres nuevos informes que detallan los abusos sistemáticos de derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua.
Estos documentos reafirman que la violencia, la represión y la impunidad en el país centroamericano persisten, revelando un sombrío panorama bajo la dictadura de la pareja Ortega-Murillo, que se ha mantenido en el poder desde 2007.
Los documentos cubren desde el asesinato de un periodista durante las protestas de 2018, hasta la muerte de un preso político bajo tortura en prisión, pasando por un informe más amplio que denuncia las tácticas totalitarias del régimen.
Las denuncias documentada incluyen la represión, tortura, persecució, amenazas y detenciones contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
La CIDH ha reiterado que Nicaragua continúa siendo un escenario de violaciones masivas de los derechos humanos, y los nuevos informes confirman que la crisis sigue vigente y agravándose.
Informe general de la CIDH: Nicaragua es un infierno
Uno de los informes destaca que Nicaragua fue incluida por sexto año consecutivo en la lista de países que violan gravemente los derechos humanos.
Desde el estallido de la crisis política en abril de 2018, la CIDH ha documentado una política sistemática de represión, caracterizada por el uso de un estado policial y la militarización de las instituciones públicas.
El informe detalla cómo el régimen ha sofocado cualquier forma de protesta pública, cerrando medios de comunicación independientes y restringiendo severamente las libertades civiles.
Desde 2018, más de 2,000 personas han sido detenidas arbitrariamente y al menos 355 asesinadas y 4,000 heridas como resultado de la brutal represión estatal.
Además, se señala la reciente práctica del régimen de despojar de la nacionalidad a opositores y críticos.
En los últimos años, más de 450 nicaragüenses, incluidos periodistas, sacerdotes, activistas y defensores de derechos humanos, han sido despojados de su ciudadanía como parte de una campaña de represalias políticas.
Esta práctica demencial es descrita por expertos internacionales como crímenes de lesa humanidad.
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Caso Santos Sebastián Flores Castillo: tortura y muerte en prisión
Uno de los informes más impactantes se centra en el caso de Santos Sebastián Flores Castillo, un abogado encarcelado en 2013 tras denunciar los abusos sexuales cometidos por Daniel Ortega contra su hermana menor de 15 años.
Desde entonces, Flores Castillo fue objeto de persecución política y en prisión fue sometido a condiciones inhumanas y tortura.
A pesar de las reiteradas denuncias de su familia, el Estado nicaragüense no tomó medidas para investigar estos abusos.
Flores Castillo murió en 2021 bajo circunstancias sospechosas, oficialmente declarado muerto por un infarto, aunque su familia presentó evidencias de lesiones y signos de tortura.
El informe de la CIDH concluye que el Estado es responsable de su muerte y de la violación de sus derechos, recomendando una investigación exhaustiva y reparaciones para su familia.
El caso de Flores Castillo refleja el uso de la tortura como un mecanismo de represión en las cárceles nicaragüenses, y cómo el sistema judicial del país ha sido instrumentalizado por el régimen para silenciar a críticos y disidentes.
A la vez, el informe reaviva las acusaciones de pedofilia y abusos sexuales de Ortega contra menores de edad, como la denuncia en 1998 de su hijastra Zoilamérica Nárvaez, abusa por el dictador desde que era una niña.
Asesinato del periodista Ángel Gahona: impunidad contra la prensa
El tercer informe examina el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona, ocurrido en abril de 2018 en la ciudad de Bluefields mientras cubría en vivo una protesta contra el régimen.
A Gahonalo mataron de un disparo que, sospecha la CIDH, provino de un agente estatal a quien encubrieron y culparon a dos jóvenes protestantes.
A pesar de las pruebas, el caso sigue en la impunidad, y los dos jóvenes condenados inicialmente fueron liberados en 2019 bajo una polémica ley de amnistía que, según la CIDH, sirvió como un instrumento legal para facilitar la impunidad de los crímenes cometidos por el régimen.
La CIDH subraya que la violencia contra los periodistas en Nicaragua es parte de una estrategia más amplia para controlar la narrativa y silenciar la disidencia.
Desde el inicio de las protestas, decenas de medios independientes fueron clausurados y muchos periodistas encarcelados, exiliados o desterrados.
La represión contra la prensa es un elemento fundamental de la estrategia del régimen Ortega-Murillo para consolidar su poder.
CIDH: un país en crisis bajo un régimen brutal
Los tres informes de la CIDH presentan un diagnóstico claro y devastador: Nicaragua sigue sumida en una crisis de derechos humanos sin precedentes en Centroamérica.
El régimen Ortega-Murillo ha destruido el tejido social del país y ha cerrado cualquier espacio de oposición política.
Las violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y represión contra la libertad de expresión, están documentadas meticulosamente por la CIDH.
A pesar de la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA) en noviembre de 2023, la CIDH ha dejado claro que continuará monitoreando la situación a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
Los informes no solo documentan los crímenes, sino que develan que la dictadura Ortega-Murillo sigue operando con total impunidad, pero el trabajo de la CIDH muestra que los abusos del régimen no pasarán desapercibidos.