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Ex abogada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dice que en Nicaragua no queda un derecho humano en pie bajo la dictadura sandinista
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en 30 artículos los principios de una “vida digna y sin temor”; sin embargo, las violaciones de los derechos humanos más básicos en Nicaragua, demuestran que para el régimen Ortega- Murillo, este importante instrumento universal es “papel mojado”.
Tomando en cuenta la reciente actualización sobre la situación de Nicaragua, expuesta recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, abogados especialistas en derechos humanos han señalado los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que son violentados en el país.
Torturas y tratos degradantes
“El primer artículo violentado es el No. 5, el que prohíbe el sometimiento a torturas y tratos degradantes”, dice una abogada que trabajó por años para la Procuraduría de Derechos Humanos del país, una institución que ella considera “inerte” desde que Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo llegaron al poder en 2007.
“Esas son solo oficinas que no sirven para nada, más que para generar salarios de simpatizantes”, señala la jurista.
“Los presos políticos que han sido desterrados, han contado cómo este régimen los maltrató, los secuestró, los golpeó cuando se los llevaron y los sometieron a tratos crueles y torturas como el aislamiento y la desaparición forzosa”, denunció la especialista
“El artículo No. 5 de la Declaración Universal indica que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, comentó.
De acuerdo al último informe presentado en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) “documentó los casos de cinco detenidos que fueron sometidos a tortura o malos tratos, entre ellos palizas brutales, estrés, aislamiento durante períodos prolongados y tortura postural”.
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La detención ilegal y otras graves denuncias
El informe también agrega que conoció de siete casos de tortura con descargas eléctricas, más de una forma de abuso sexual y violaciones, los que ocurrieron en la segunda mitad del año 2023.
El informe documentó tres casos de violación, dos casos de ablación y tres de estrangulamiento de testículos.
Los sobrevivientes fueron entrevistados por el ACNUDH que documentó la denuncia, además que comprobó los signos visibles de “un trastorno de estrés postraumático” que padecían tras los abusos.
El régimen Ortega-Murillo también ha irrespetado el artículo No. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado”.
Destierros y exilios forzados
De acuerdo con el informe del Alto Comisionado, “durante el último período que se examinó y que va desde el 15 de junio del 2023, hasta el 15 de junio del 2024, continuaron las detenciones arbitrarias de personas percibidas como opositoras, aumentando de 54 en junio de 2023 a 131 en mayo de 2024″.
El informe señala que en ese periodo investigado, al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos fueron arrestados entre octubre de 2023 y enero de 2024.
Agrega que el 18 de octubre de 2023 y el 13 de enero de 2024, 31 sacerdotes y seminaristas católicos, fueron liberados y expulsados a la Santa Sede, entre estos, se contó al obispo Rolando Álvarez.
La expulsión del país o destierro político más reciente fue el de 135 presos políticos que el régimen expulsó hacia Guatemala el pasado 5 de septiembre.
En febrero de 2023, Ortega y Murillo, habían expulsado a 222 nicaragüenses hacia Estados Unidos. Todos se encontraban en sus cárceles condenados por delitos políticos que el gobierno sandinista inventó para castigar su disidencia.
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Sin garantías, ni derechos mínimos
Tanto el articulado universal como la legislación nicaragüense, dejan claro que nadie puede ser juzgado por un tribunal sin garantías mínimas.
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley”, dice el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El régimen que cumple 17 años en el poder en Nicaragua y de forma ininterrumpida, tampoco respeta el artículo 10 del articulado internacional.
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, señala el principio.
Derechos Humanos como servilletas en manos del dictador
Ambos artículos, expone ACNUDH, son violentados sistemáticamente en Nicaragua. “(…) en el país persisten las detenciones arbitrarias, sin órdenes judiciales ni información sobre los motivos de la detención. (…) Se continuó negando sistemáticamente a los detenidos el derecho a contar con asistencia legal y defensa”, denunció el organismo internacional.
En su informe, el ACNUDH documentó 26 casos en los cuales los juicios penales se celebraron en ausencia física de los acusados, quienes participaron únicamente mediante videollamada y sin asistencia jurídica.
Según la abogada, el régimen también restringe la libre movilización de los nicaragüenses, que defiende el artículo 13 de la Declaración Universal.
“Este dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar”, explica la especialista.
“¿Se respeta eso en Nicaragua?”, se pregunta. “No”, responde.
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El ACNUDH por su lado, indica en su informe que se documentaron 62 casos de nacionales nicaragüenses, 33 mujeres entre ellos y 29 hombres, a quienes se les negó la entrada a su propio país.
“Se estima que el número de personas que se enfrentan a esta situación de apatridia de facto puede ser mayor, pues muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Las víctimas recibieron notificaciones de último momento de compañías de autobuses y aerolíneas en las que se les informaba sobre la negativa de las autoridades nicaragüenses a permitirles la entrada”, indica el informe.
En el informe se valora que estos ciudadanos, enfrentaron “una situación con consecuencias personales devastadoras, desarraigadas repentinamente de sus vidas en Nicaragua”.
“Es una barbaridad sin precedente en el país, ningún otro represor de la historia reciente había hecho tanto mal a los ciudadanos”, dice la abogada.
El despojo de la nacionalidad, crimen de lesa humanidad
De acuerdo con la especialista, el dictador y su esposa pasaron también por encima del artículo 15 de la Declaración Universal que señala que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad y “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.
En 2023, según lo documentado por ACNUDH “317 personas (60 mujeres y 257 hombres) fueron despojadas arbitrariamente de su nacionalidad por las autoridades de Nicaragua (…) convirtiendo en apátridas a quienes no poseían otras nacionalidades y provocando graves consecuencias a largo plazo en sus derechos humanos”.
A la fecha, unas 452 personas que han sido desterradas de Nicaragua han perdido su nacionalidad y sus bienes personales por orden del régimen Ortega-Murillo.
A las autoridades de este régimen, tampoco parece importarles lo que dice el artículo No. 16, en su inciso 3: “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
“Queda claro que Daniel Ortega y Rosario Murillo han destruido los sueños y el futuro de cientos de familias en Nicaragua, al imponer desde el 2018 el terror en el país. Los organismos internacionales y locales lo responsabilizan de asesinatos, detenciones arbitrarias, despojo de nacionalidad, robo de propiedades, separación forzada, entre otros abusos”, dice la jurista.
En su informe, el ACNUDH documentó dos casos en los que dos bebés, unos de dos y el otro de tres meses, fueron separados de sus madres después que ellas fueran arrestadas arbitrariamente y puestas en prisión preventiva, “lo que resultó en el cese abrupto de la lactancia materna”, acusa el organismo.
La voracidad delictiva del régimen
“Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH sigue recibiendo información que indica que la práctica ampliamente documentada de negar visitas familiares (incluso de niños y niñas) a las personas detenidas en relación con la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018 sigue vigente, con graves consecuencias para estos menores”.
En relación a las confiscaciones de propiedades de los desterrados, el régimen hace pedazos el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La abogada explica que en su acápite 1, el artículo señala que “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y en su inciso 2 precisa que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.
En el informe de Naciones Unidas se señala que el 17 y 18 de diciembre de 2023, la policía detuvo a los miembros del ministerio “Puerta de la Montaña” (que fueron parte de los 135 desterrados a Guatemala) y tras acusarlos por lavado de dinero fueron condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión.
“El gobierno también canceló la personalidad jurídica del ministerio el 20 de diciembre y confiscó sus activos, estimados en hasta 5 millones de dólares”, agrega el informe.
A ello hay que agregarle que el régimen se ha apropiado de todos los bienes de los desterrados, de los de más de 3 mil oenegés que ha anulado y de los más de 40 medios de comunicación que obligó a cerrar.
No hay derecho humanos en pie en Nicaragua
En relación a esto último, el régimen también violentó el artículo 18 relacionado a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Al respecto, ACNUDH ha dicho que documentó “restricciones indebidas a la libertad religiosa”.
“Continuó la prohibición de facto de las procesiones católicas, la vigilancia de las misas, incluida la vigilancia de los discursos de sacerdotes durante la liturgia, y la presencia intimidatoria de las fuerzas del orden frente a las iglesias”, dijeron en su informe.
“El artículo 19 también señala el derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
«Sabemos que en el país los medios fueron cerrados y más de 200 periodistas obligados al exilio”, recuerda la jurista.
“Nicaragua es suscriptora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Estado está comprometido a respetarlos, sea el gobierno que sea”, recuerda la abogada. “Lo que pasa en el país es grave y la comunidad internacional observa”, advierte.