El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado en 2024 un control absoluto sobre las instituciones de Nicaragua, lo que ha resultado en la comisión de crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos, tortura, persecución política y desapariciones forzadas, afirmó un informe de la ONU.
La última actualización de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advierte que la represión no solo continúa, sino que se ha intensificado, afectando gravemente a la población y a las instituciones del país.
Violaciones sistemáticas y crímenes de lesa humanidad
Desde las protestas de abril de 2018, Nicaragua ha experimentado un deterioro severo de las garantías fundamentales.
Entre los crímenes de lesa humanidad señalados por la ONU, destacan las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de ciudadanos opositores al régimen, y el uso sistemático de la tortura en centros de detención.
A la fecha, más de 350 personas fueron asesinadas, la mayoría a manos de policías, sicarios, paramilitares con respaldo militar, que actúan con impunidad bajo la protección estatal.
La participación activa de la policía, el ejército, fiscales, jueces, diputados oficialistas y grupos paramilitares en estos crímenes ha sido fundamental para sostener la maquinaria represiva del régimen.
Estos actores se han encargado de implementar detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, tortura y la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier forma de disidencia.
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ONU: detenciones arbitrarias y tortura
Hasta julio de este año, 141 personas (116 hombres y 25 mujeres) seguían detenidas arbitrariamente, muchas bajo condiciones inhumanas y sometidas a torturas físicas y psicológicas.
A las detenciones se suman amenazas y hostigamiento a los familiares de los prisioneros, a quienes se les prohíbe hablar públicamente sobre los casos bajo amenazas de represalias.
Las denuncias de tortura incluyen golpes, privación del sueño y la exposición a temperaturas extremas, prácticas que se han normalizado dentro de los centros penitenciarios controlados por las autoridades nicaragüenses.
Destierro forzado y el uso del exilio como arma política
El destierro es otro de los instrumentos usados por el régimen para consolidar su control.
Desde 2018, más de 600,000 nicaragüenses huyeron del país.
La ONU documenta que al menos a 62 personas se les prohibió regresar a Nicaragua entre 2023 y 2024, lo que los ha dejado en una situación de apatridia de facto, vulnerables y lejos de sus familias.
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Persecución religiosa, otro crimen de lesa humanidad
El informe también denuncia el desmantelamiento sistemático de la sociedad civil. Desde 2018, el régimen ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales (ONG), muchas de las cuales trabajaban en la defensa de derechos humanos y servicios esenciales, dejando a miles de personas sin acceso a estos recursos.
En agosto de 2023, la dictadura canceló 1,500 ONG adicionales, agudizando la crisis social.
La persecución también afecta a la Iglesia Católica, considerada como un bastión de resistencia ante la represión.
Desde 2018, 1,103 organizaciones religiosas han sido disueltas, y a cientos de sacerdotes los han expulsado y robado sus propiedades.
El acoso y secuestro de religiosos en sus propias parroquias se ha convertido en una táctica frecuente para silenciar a aquellos que, desde el púlpito, intentan denunciar las injusticias del régimen.
Implicaciones internacionales y resistencia interna
Ante la gravedad de los crímenes documentados, la ONU ha reiterado sus llamados a la comunidad internacional para que se tomen medidas más contundentes contra el régimen de Ortega-Murillo.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, insistió en que Nicaragua debe liberar a todos los detenidos arbitrariamente, cesar la tortura y reestablecer el espacio cívico.
Sin embargo, hasta el momento, el régimen ha ignorado las recomendaciones y sigue defendiendo sus acciones bajo el argumento de preservar la soberanía.
A pesar de la represión, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos continúan resistiendo, muchos desde el exilio, pero también dentro del país, enfrentando enormes riesgos.
El seguimiento de la crisis por parte de organismos internacionales, incluidas las sanciones impuestas a altos funcionarios del gobierno, es constante, pero hasta la fecha no ha frenado la maquinaria represiva.
La versión oficial del régimen en la ONU
En su defensa ante el Consejo de Derechos Humanos, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina, reiteró el discurso oficial del régimen, calificando las denuncias como una «campaña de desinformación» promovida por actores internacionales.
Morales repitió como lora que las medidas adoptadas son necesarias para mantener la «estabilidad y la paz» en Nicaragua, acusando a los opositores de intentar desestabilizar al país a través de un «golpe de Estado».
Asimismo, desestimó las acusaciones de la ONU, afirmando que no representan la realidad del país.
El régimen de Ortega-Murillo continúa aferrándose al poder, utilizando todas las herramientas del Estado para suprimir cualquier forma de disidencia, lo que ha convertido a Nicaragua en un escenario de crímenes de lesa humanidad a la vista del mundo.