La dictadura de Nicaragua, encabezada por el tirano Daniel Ortega y su perversa pareja Rosario Murillo, presentó este miércoles una reforma al Código Procesal Penal (CPP) que otorga mayores facultades de espionaje y represión a la sancionada policía bajo servidumbre de su familia.
La entidad uniformada, sancionada internacionalmente por sus violaciones a los derechos humanos, simplemente tendrá más poder para reprimir y robar legalmente.
Ortega envío la iniciativa a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, conocida popularmente como La Chanchera, donde los diputados serviles al clan mafioso aprueben el capricho legal del par de vejestorios que usurpan el poder en Nicaragua.
Esbirros de la dictadura accederán datos telefónicos
Las nuevas atribuciones, detalladas en el artículo 230 sobre las “Atribuciones de la Policía Nacional”, otorgan a los esbirros del régimen, amplios poderes en materia de vigilancia digital, permitiendo requerir información a proveedores de servicios informáticos y a empresas de telefonía.
Según la reforma, la policía podrá solicitar datos de los titulares de líneas telefónicas móviles y fijas, acceso a la relación de llamadas, mensajes de texto y voz, así como la geolocalización de usuarios y la identificación de dispositivos móviles.
Además, se le faculta para acceder y extraer información de sistemas electrónicos e informáticos de sus víctimas.
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Régimen ofrece más represión, persecución y confiscaciones
En cuanto a la incautación de bienes, la policía bajo servidumbre de los carniceros del Carmen, podrá identificar, buscar, rastrear y valorar bienes delictivos o de valor equivalente sujetos a decomiso, con la colaboración de técnicos y especialistas externos.
El artículo 211 del CPP, sobre “Información Financiera”, también lo modificaron.
En casos de urgencia, la Fiscalía General de la República y la Dirección General de la Policía Nacional podrán incautar o inmovilizar activos financieros, suspender operaciones bancarias y detener transacciones financieras.
Estas reformas buscan legalizar y extender las prácticas de represión y confiscación que el régimen de Ortega ha implementado desde el inicio de su persecución en 2018.
Desde entonces la emprendido contra opositores, periodistas, miembros de la Iglesia católica y organizaciones no gubernamentales, aumentando el control del régimen sobre la sociedad nicaragüense y más allá de sus fronteras.