La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha decidido que ya no es suficiente con reprimir y encarcelar a la disidencia dentro de las fronteras de Nicaragua. Ahora van por más: buscan internacionalizar su represión contra los exiliados.
Con un combo monstruoso y criminal disfrazado de reforma legal, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una serie de reformas a la Ley No. 977 y al Código Penal que permitirán confiscar bienes, robar remesas, y condenar en ausencia a los nicaragüenses que están fuera del país.
El régimen, en su afán por callar a cualquier voz disidente, ha impuesto penas que van desde 15 hasta 30 años de cárcel e incluso cadena perpetua para quienes consideren “traidores a la patria”.
Además, la propuesta, que ajusta al menos 27 artículos de la Ley 641 del código, pretende declarar que “las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio» nacional.
Esta reforma legal busca castigar a los casi un millón de nicaragüenses migrantes y exiliados, acusándolos de delitos absurdos como lavado de dinero, terrorismo, y hasta ciberdelitos, todo con la única intención de amedrentar y destruir a quienes se oponen a su tiranía.
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Un golpe más al pueblo nicaragüense
Con estas reformas, la dictadura no solo pretende despojar a los exiliados de sus bienes en Nicaragua, sino también meter mano en las remesas que envían a sus familias, ese dinero que ha sido su salvavidas en medio de la crisis que vive el país desde 2018.
La iniciativa de ley establece que podrán confiscar y clausurar personas jurídicas, es decir, organizaciones y empresas, por un período de hasta cinco años.
Y no se detienen ahí: también proponen la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores del Estado, acreedores y terceros por hasta cinco años.
¿Qué significa esto? Simple: quieren tener control total sobre la economía y la vida de cada nicaragüense, dentro y fuera del país.
Represión más allá de las fronteras
El principio de «universalidad» de esta nueva ley no es otra cosa que un intento descarado de perseguir a nicaragüenses y extranjeros que, según la dictadura, hayan cometido delitos fuera del territorio nacional.
¿Delitos? Según el régimen, cualquier cosa puede ser un delito: desde criticar al gobierno en redes sociales hasta participar en protestas en el extranjero.
No es más que una excusa para extender sus garras represivas más allá de las fronteras y castigar a los exiliados que demandan democracia.
Dictadura: expulsa a su pueblo y persigue a exiliados
El mensaje es claro: no importa dónde estés, si eres nicaragüense y te opones al régimen de Ortega-Murillo, irán por ti.
Y no les basta con perseguirte; también quieren castigar a tus familiares en Nicaragua, confiscar tus propiedades y despojarte de todo lo que puedas tener.
Esta es la verdadera cara de la represión sandinista: no busca justicia, busca perpetuar la represión, el miedo y el control absoluto de la dictadura sobre un pueblo de 6.7 millones de habitantes.
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Una legislación hecha a medida para el terror
Los cambios aprobados incluyen no solo penas privativas de libertad, sino también el decomiso de bienes, activos y multas exorbitantes.
Y para quienes piensen que esto solo aplica a los opositores políticos dentro del país, la reforma establece que todos los nicaragüenses en el exterior están sujetos a estas leyes.
La dictadura quiere dejar claro que no hay lugar seguro para quienes se atrevan a desafiar su autoridad.