En uno de los episodios más oscuros de su historia reciente, Nicaragua vivió un terrible mes de agosto en un clima de terror estatal y represión impuesto por la criminal dictadura de la familia Ortega-Murillo.
En este mes, el régimen intensificó sus acciones represivas contra una población de 6.7 millones de habitantes en uno de los países más pobres de América Latina.
Entre secuestros de sacerdotes, confiscaciones, promulgación de leyes represivas, destierros, exilios forzados, encarcelamiento de sus propios militantes, tensiones diplomáticas, despidos masivos y amenazas de más represión a nivel local e internacional, el régimen nicaragüense despliega una arremetida sin precedentes.
Todo esto ocurre ante la mirada indiferente de la comunidad internacional, que hasta ahora ha ofrecido poco más que condenas y alertas sin acciones contundentes, a excepçión de la posibilidad de una orden de captura internacional desde Argentina, contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad.
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Aniquilación de ONGs
La dictadura cometió en agosto la más salvaje y masiva anulación y cancelación de ONG, con la anulación y confiscación de 1,800 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la influyente Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, una institución que promovía el comercio entre Nicaragua y Estados Unidos.
Hasta la fecha, se han cerrado más de 5,500 ONGs en el país, lo que ha devastado la actividad civil y social.
Este cierre masivo de organizaciones no gubernamentales forma parte de una estrategia más amplia del régimen para sofocar cualquier forma de organización y resistencia civil.
Sin las ONGs, la población pierde importantes recursos y servicios sociales, quedando más vulnerable ante las decisiones arbitrarias del gobierno.
El control del espacio civil se intensifica, dejando a los ciudadanos sin apoyo para enfrentar la represión diaria.
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Destierro de sacerdotes en agosto
En un ataque frontal contra la Iglesia católica, siete sacerdotes fueron desterrados hacia Roma este mes, luego de haber sido secuestrados por los esbirros del régimen, sumando un total de 46 religiosos expulsados desde el inicio de la represión religiosa bajo el régimen Ortega-Murillo.
Esta medida refleja la creciente persecución hacia la oposición religiosa, que ha sido uno de los pocos sectores en el país que se ha atrevido a alzar la voz contra los abusos del régimen.
Con cada destierro, se debilita aún más la voz de la Iglesia y se intenta sofocar cualquier mensaje de esperanza o resistencia que pudiera llegar desde los púlpitos.
Tensiones diplomáticas
En un acto que resalta la creciente tensión diplomática en la región, Nicaragua expulsó al embajador de Brasil, provocando una respuesta recíproca de Brasil, que expulsó a la embajadora nicaragüense.
Furibundo, demencial y soez, el dictador calificó de «arrastrados» a los presidentes de Brasil y Colombia, por no reconocer el fraude electoral que se recetó el dictador Nicolás Maduro.
Además, Ortega insultó a la Unión Europea que denunció el cierre arbirtario de las ONG y el deterioro de la democracia en Nicaragua.
Este deterioro de relaciones diplomáticas en agosto, pone de manifiesto el aislamiento internacional del régimen de Ortega y su desprecio por los principios básicos de la diplomacia.
La expulsión de diplomáticos es un síntoma más de la agresividad con la que el régimen busca silenciar cualquier crítica internacional y sofocar la presión exterior por un retorno a la democracia.
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Represión a periodistas
La represión contra la prensa se ha intensificado, afectando no solo a periodistas locales sino también a corresponsales de medios internacionales.
Muchos periodistas nicaragüenses han tenido que exiliarse debido a la persecución del gobierno este mes, mientras que, paradójicamente, se ha permitido la entrada de medios de comunicación de países como China y Rusia, que no ofrecen cobertura crítica al régimen.
Esta selectividad en la represión muestra la intención del gobierno de controlar completamente el flujo de información, permitiendo solo aquellas narrativas que favorecen su permanencia en el poder.
Carcel y despido a sus militantes
La dictadura no ha limitado su represión a los exiliados, sino también a su propia militancia.
Las denuncias de detenciones, secuestros, juicios y acusaciones contra trabajadores y militantes del Frente Sandinista, siguen en curso, sin importar el grado de relevancia de la figura.
Tal es el caso del grupo de WhatsApp denominado La Comuna, integrado por el hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Terán.
El sujeto fue detenido y se encuentra desaparecido, mientras una decena de funcionarios públicos que participaban del foro fueron acusados de delitos de corrupción.
A la par de la represión, la dictadura ha aplicado una barrida de empleados que ya superan los 3,000 y siguen despidiendo a más, sin reconocerles sus derechos laborales.
Controles sobre remesas familiares
Una nueva reforma propuesta por la dictadura, permite a la Unidad de Análisis Financiero, el brazo represivo de la banca, congelar remesas familiares que sean consideradas «sospechosas» de lavado de dinero.
Esta medida afecta a las familias que dependen de las remesas para sobrevivir en medio de una economía colapsada.
También evidencia el control cada vez más invasivo del gobierno sobre las finanzas personales de los ciudadanos.
El temor se cierne sobre aquellos que dependen del dinero enviado desde el extranjero por casi un millón de nicaragüenses exiliados, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán recibir esos fondos vitales.
Reforma del Código Penal y represión transnacional
En agosto de 2024, el régimen de Ortega introdujo reformas legales que permiten enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros por delitos cometidos fuera del país.
En un arranque de locura fuera de todo sentido, las penas van desde la confiscación de bienes hasta la prisión perpetua, en un intento por establecer una «represión transnacional» contra opositores y críticos del gobierno.
Esta reforma amplía el alcance del régimen más allá de sus fronteras, buscando perseguir a quienes se atreven a denunciar las atrocidades cometidas en Nicaragua desde el exterior.
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Prisión perpetua y confiscaciones
La reforma penal también introduce la posibilidad de imponer prisión perpetua revisable y la confiscación de bienes para delitos como lavado de activos y terrorismo.
Este abuso al estilo hitleriano, otorga al régimen un poder sin precedentes para actuar con discrecionalidad y sin las debidas garantías procesales contra sus ciudadanos.
Estas medidas están diseñadas para infundir miedo entre la población, desalentando cualquier forma de oposición o disidencia.
Sanciones por promover sanciones
Se han establecido penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan o soliciten sanciones contra el Estado nicaragüense.
Esto afecta directamente a aquellos que buscan apoyo internacional para presionar al régimen y subraya la intención estatal de sofocar cualquier intento de influencia o denuncia extranjera en la represión interna del país.
Intervención judicial y congelamiento de activos
La reforma también contempla la intervención judicial de personas jurídicas que se consideren en violación de derechos laborales, permitiendo el congelamiento de cuentas bancarias y la confiscación de bienes.
Esta disposición amplía el control del régimen sobre el sector privado, minando cualquier intento de resistencia económica o apoyo a la oposición.
La arremetida del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua refleja un intento desesperado de consolidar su control absoluto y silenciar a toda la oposición.
Con cada medida represiva, el país se hunde más en la oscuridad, mientras la comunidad internacional observa con aparente indiferencia.
La pregunta que persiste es cuánto más puede soportar el pueblo nicaragüense antes de que se agote su resiliencia.
Derrotas diplomáticas en agosto
En el balance negativo del mes de agosto, la dictadura sufrió revesas internacionales. A nivel centroamericano, el espía que propusieron para ser elegido al frente del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), fue rechazado.
El agente de la dictadura, Valdrack Jaenschke no consiguió más que dos votos, de Nicaragua y Honduras, para el cargo, amargando las bilis de la tenebrosa y maligna vice dictadora Rosario Murillo.
A la par, un grupo de abogados independientes de Argentina determinó que las acciones represivas de la pareja dictatorial constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo cual solicitaron a la Fiscalía que gire órdenes de detención contra el par de sátrapas nicaragüenses.