La dictadura sandinista a través de la Fiscalía acusó a ocho personas de ser parte de una supuesta banda de delincuentes que desde los puestos en los que el régimen los nombró en el Estado, robó fondos del erario. La coincidencia es que varios de los acusados formaban parte de un grupo de Whatsaap del también secuestrado, aunque no acusado -por ahora- Carlos Fonseca Terán.
Los acusados son Gustavo Antonio Zapata, amigo de Carlos Fonseca Terán, hijo de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez Roque, José Antonio Bermúdez Sobalvarro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodriguez, y Rigoberto José Ramos.
“Las evidencias probatorias recopiladas, revelaron que los coacusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos del erario de la nación, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural”, se lee en la nota de prensa circulada por el Ministerio Público a través de los medios de la propaganda de la dictadura.
Todos los señalados, con supuestos coautores del delito de «robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de Fraude, Malversación de Caudales Públicos y Tercero Beneficiado, previstos y sancionados en los artículos 452, 454 y 459 del Código Penal».
Durante la audiencia la Fiscalía del régimen aportó lo que consideran «pruebas suficientes para que el juez de la dictadura admitiera la acusación, yconvocará a la audiencia inicial el 11 de septiembre del año en curso y en atención a la gravedad de los ilícitos cometidos contra el erario. El empleado de la dictadura ordenó la prisión preventiva de todos los coacusados.
Aquí el delito imputado
La acusación indica que los coacusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos del erario, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural, que estaban dirigidos a mejorar la calidad y competitividad de sus productos.
Para concretar sus propósitos, dice la Fiscalía del régimen, los coacusados idearon un entramado delictivo, en el que cada uno, de acuerdo a las funciones que ejercían, recurrieron a información confidencial de los solicitantes de créditos, para hacer creer a estos, que les estarían financiando su empredurismo; cuando en realidad, los desembolsos eran para familiares y amigos cercanos de estos coacusados.