La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh, condenó este martes la decisión de la dictadura sandinista de cerrar 1,500 organizaciones no gubernamentales, ONG de un plumazo.

A través de un comunicado la oficina de la ONU, calificó de «profundamente alarmante» la decapitación de las ONG en su mayoría religiosas.

Esta es la mayor disolución de entidades sociales ordenada por el criminal régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde las protestas de 2018.

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Mayoría de ONG eliminadas son cristianas

Se trata de una decisión «profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa», afirmó en un comunicado la portavoz de la Oacnudh, Liz Throssell.

También se estarían aplicando restricciones indebidas por parte de la dictadura a la libertad de religión, algo que se refleja en que aproximadamente la mitad de las ONG recientemente cerradas eran asociaciones de índole religiosa.

«El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua», indicó Throssell.

ONG, CPDH, Derechos Humanos
Desde el año 2018, la tenebrosa dictadura de los Ortega-Murillo ha eliminado más de 5,100 oficinas de la sociedad civil y confiscado sus bienes. Una de ellas fue la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el último organismos de Derechos Humanos en Nicaragua en 2022.

El increíble y gastado cuento de la dictadura

Según el Ministerio del Interior, las 1.500 organizaciones sin fines de lucro incumplieron sus obligaciones, pues «no reportaron por periodos de entre 01 hasta 35 años sus estados financieros».

En la lista de entidades, cuyos bienes fueron confiscados, figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas.

Además hay cientos de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados.

«Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos», subrayó la portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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