El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perpetrado el mayor y más masivo robo de bienes en Nicaragua al cancelar la personería jurídica de 1,500 organizaciones no gubernamentales (ONG) y confiscar sus bienes en un solo decreto.
Con esta medida, el número total de ONG eliminadas desde 2018 asciende a más de 5,000, marcando un récord de represión y control estatal en el país centroamericano.
La mayoría de las ONG eliminadas son de carácter cristianas, en su amplia categoría evangélicas.
El siniestro Ministerio del Interior, mediante el Acuerdo Ministerial No. 38-2024-OSFL, argumentó que las organizaciones afectadas, en su mayoría iglesias evangélicas, «no habían cumplido con sus obligaciones» de presentar informes financieros detallados durante periodos que van desde uno hasta 35 años.
La historia es la misma: el régimen acusa a las ONG de «obstaculizar el control y vigilancia» estatal al no promover la transparencia en la administración de fondos.
Y, mentira tras mentira, asegura que la falta de informes financieros imposibilitó el seguimiento de sus proyectos y la identificación de sus directivos.
Según el acuerdo, los bienes muebles e inmuebles de las ONG canceladas pasarán a manos del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 1115. La Procuraduría General de la República será la encargada de realizar el traspaso de estos bienes, lo que ha desatado críticas por lo que se considera un acto de expolio masivo.
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Dictadura quiere el dinero de las ONG
El cierre masivo de ONG se enmarca en una nueva estrategia de la dictadura Ortega-Murillo para someter a las organizaciones civiles bajo un modelo de «alianzas» con el gobierno.
El nuevo esquema, anunciado por la perversa co dictadora Rosario Murillo, obliga a las ONG a presentar sus programas y proyectos al Estado, que ahora debe aprobarlos y supervisarlos, eliminando cualquier margen de independencia.
Además, se han eliminado las exoneraciones fiscales para las ONG, aumentando la presión económica sobre estas entidades.
La represión contra las organizaciones de la sociedad civil se suma a la ola de despidos masivos y purgas internas dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en las últimas semanas ha afectado a más de 3,000 empleados en 25 instituciones públicas.
La medida, presentada por la dictadura como parte de una «reorganización» estatal para promover el ahorro y la eficiencia, ha despertado críticas internas y denuncias de que el régimen, metido en una crisis económica, busca desesperadamente recursos para sostener su aparato de represión.
Desde 2018, Nicaragua ha vivido un proceso de cierre sistemático de espacios cívicos y la eliminación de miles de ONG, en un contexto de creciente autoritarismo, corrupción y persecución religiosa.
Este último golpe a las organizaciones evangélicas subraya el control absoluto que el régimen busca imponer sobre todos los aspectos de la sociedad nicaragüense, consolidando aún más su poder en medio de una crisis política y económica cada vez más profunda.