En menos de dos semanas, Nicaragua ha registrado más de 3,000 despidos en al menos 25 instituciones públicas, incluyendo alcaldías, según fuentes sindicales del oficialismo que denuncian «una purga brutal» desde el anonimato.
Las barridas han alcanzado a empleados protegidos por el fuero sindical y han afectado incluso a miembros de sindicatos «blancos», considerados cercanos al régimen.
Las instituciones que han reportado despidos masivos incluyen el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), todos los ministerios, el Aparato Judicial, la Presidencia de la dictadura, la Asamblea Nacional, la Alcaldía de Managua y otras municipalidades.
Incluyen además al Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y la Procuraduria para «la Defensa» de los Derechos Humanos.
Despidos con sabor a purga
Este proceso de despidos forma parte de lo que la dictadura sandinista que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha denominado una campaña de «compactación y ahorro», con el objetivo de hacer más eficiente el aparato estatal.
Sin embargo, críticos y observadores señalan que esta medida recuerda a la «compactación» que implementó el gobierno sandinista en la década de 1980, cuando miles de trabajadores fueron cesados en un contexto de crisis económica.
Según el veterano sindicalista que denunció a Café con Voz la purga, una comisión del régimen integrada por policías, secretarios políticos y delegados del régimen, andan en cada institución pública demandando el recorte de personal.
«En algunos casos ya llevan listas y nombres de personas a las que van a despedir. En otros casos llegan con una orden estricta: aquí hay 185 trabajadores con un presupuesto de 22 millones de córdobas».
«Deben quedar 120 trabajadores y 16 millones de córdobas de gastos operativos. Ajuste y pasé la lista de los compañeros despedidos», dijo el sindicalista, explicando que ese fue uno de los reportes que recibió en una de las oficinas públicas.
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Despidos en ministerios e instituciones clave
Una de las entidades más afectadas ha sido el MEFCCA, donde más de 400 empleados han sido despedidos desde el 13 de agosto de 2024.
Las delegaciones en Bluefields, León, Chinandega, Masaya y Granada han visto reducidas sus plantillas en un promedio de 20 a 26 trabajadores por delegación, incluyendo el despido de delegados regionales.
Además del MEFCCA, se han reportado despidos en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y en la estatal Universidad Nacional de Ingeniería, con 25 cesados en cada institución, afectando tanto a personal de planta como a profesores.
Otra institución afectada por la escoba dictatorial fue el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).
Despedidos y con liquidación cercenada
De acuerdo a las fuentes, en la primera ola se fueron aproximadamente 76 personas y se realiza una segunda y tercera «revisión», por lo cual se especula que los despidos serán superiores a 200 plazas.
A todos se les despide bajo la nueva ley de indemnizaciones, que redujo el pago de año laborados y por ende la liquidación final.
Estas medidas se producen tras el anuncio de un proceso de «ordenamiento, reestructuraciones y rediseños» del aparato estatal, enfocado en «promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública», según comunicó la dictadura en una nota oficial el 2 de agosto de 2024.
La decisión ha generado temor entre los trabajadores estatales, quienes ven en esta reestructuración una amenaza a la estabilidad laboral en un contexto económico cada vez más incierto.