El panorama religioso en Nicaragua ha descendido a una crisis sin precedentes bajo la sanguinaria secta de la familia Ortega-Murillo.
Según informes recientes de organizaciones defensoras de derechos humanos, el siniestro régimen del dictador Daniel Ortega y su cruel pareja, Rosario «Jezabel» Murillo, ha intensificado su campaña de terror contra líderes y organizaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha registrado la expulsión de 222 religiosos desde 2018, entre ellos 91 monjas.
«Se ha identificado al menos a 52 personas religiosas y sus familiares en una situación de apatridia de facto», alerta el informe.
La situación ha empeorado en los últimos meses. Entre enero y abril de 2024, 34 sacerdotes nicaragüenses fueron forzados a abandonar el país.
Este número no incluye a los siete clérigos secuestrados y luego desterrados al Vaticano la semana pasada.
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Persecución diabólica contra cristianos
La represión no se detiene con los secuestros y expulsiones.
El informe subraya múltiples violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, que pintan un panorama de creciente opresión, con detenciones arbitrarias, ataques directos a líderes religiosos, estigmatización, y mensajes de odio en los pronunciamientos oficiales.
Las acciones del régimen han impactado profundamente a las organizaciones religiosas. Desde 2021, más de 420 entidades cristianas han visto cancelada su personería jurídica, incluida la reciente eliminación de Cáritas de la Diócesis de Matagalpa.
Además, al menos 22 medios de comunicación religiosos están confiscados; Radio María fue uno de los últimos, cesando sus transmisiones el 9 de julio de 2024.
La dictadura confiscó universidades, colegios, clínicas, comedores, orfanatos y más bienes a las organizaciones religiosas.
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Bajo dictadura satánica ningún cristiano está seguro
La comunidad evangélica tampoco ha escapado a esta ola represiva. Al menos 21 pastores evangélicos se encuentran en el exilio, mientras que a otros tres se les ha prohibido el ingreso al país, condenándolos a la apatridia de facto.
Además, la dictadura ha impuesto multas elevadas a congregaciones cristianas, obligando a al menos 20 de ellas a pagar sumas millonarias para poder continuar sus servicios.
La persecución también ha alcanzado a los fieles. Reportes indican que a cientos de feligreses los han citados y detenidos «en calidad de investigados», como medida de presión para obtener falsas acusaciones contra sacerdotes.
Despacho 505, un medio local, informa que el comisionado general Juan Victoriano Ruiz Urbina, jefe de Auxilio Judicial de la sancionada policía del régimen, lidera estas investigaciones y presiones.
Un caso emblemático es el de seis laicos miembros de la extinta Cáritas de Estelí, detenidos desde diciembre de 2023 y sentenciados a 6 años de prisión por supuesto lavado de dinero.
La satánica intención de Rosario «Jezabel» Murillo
La situación ha despertado la preocupación internacional, pero no se han traducido en sanciones o presiones.
Un informe conjunto de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Colectivo Nicaragua Nunca Más y Alcance de Ayuda en las Américas, reveló que al menos a 22 religiosos nicaragüenses los despojaron de su nacionalidad.
Estas acciones, según los observadores, «reflejan un entorno de represión y violación sistemática de la libertad de creencia y religión en Nicaragua, afectando gravemente a las comunidades religiosas y su capacidad para ejercer su fe libremente».
El futuro de la libertad religiosa en Nicaragua se vislumbra sombrío.
La estrategia del gobierno Ortega-Murillo parece enfocada en silenciar voces críticas dentro de las comunidades de creyentes, afectando no solo a los líderes religiosos, sino también a las organizaciones y medios asociados a las iglesias.
Mientras la comunidad internacional observa con alarma, las organizaciones de derechos humanos siguen documentando y denunciando estos hechos, en un esfuerzo por visibilizar la situación y buscar soluciones que garanticen la libertad religiosa en Nicaragua.