mint Nicaragua
La dictadura de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, sigue anulando y confiscando organizaciones cristianas y ONG en Nicaragua.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mediante el Ministerio del Interior, revocó este lunes 12 de agosto la personalidad jurídica de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa y otras organizaciones cristianas.

Esta acción priva a la Diócesis de Matagalpa de su capacidad para ejecutar programas de asistencia social y financiera.

La medida constituye un nuevo embate contra la Iglesia católica nicaragüense, que afronta una creciente presión sobre sacerdotes y feligreses.

Cáritas de Matagalpa, registrada en 2009, gestionaba varios programas de apoyo financiero y desarrollo rural.

Además de anular, dictadura confisca

La resolución argumenta que Cáritas de Matagalpa «incumplió» con la presentación de informes financieros entre 2020 y 2023, y operaba con una junta directiva caducada desde septiembre de 2022.

Este patrón se repite en más de 3,700 disoluciones de ONG desde 2018. Y como en los otros casos, la dictadura ordena apropiarse de los bienes de la organización humanitaria.

Esta anulación se enmarca en una intensificación de medidas contra la Iglesia católica, con énfasis en la Diócesis de Matagalpa.

Recientemente las autoridades del régimen detuvieron a varios sacerdotes y feligreses de dicha diócesis, algunos de los cuals ya han sido desterrados.

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El ministerio del Interior, a cargo del esbirro de la dictadura sandinista, Luis Roberto Cañas Novoa, anuló más organizaciones católicas y cristianas. En la imagen, el perro guardián Cañas junto al propagandista de la familia Ortega-Murillo, Roberto Carlos Zúñiga Hernández.

Saña de dictadura contra diócesis de Matagalpa

En 2023, la dictadura disolvió Cáritas de Nicaragua y Cáritas de Jinotega, alegando «disolución voluntaria».

En 2022, Cáritas de Estelí corrió la misma suerte. Estas acciones forman parte de una campaña de odio que se intensifica desde 2018.

La Diócesis de Matagalpa ha experimentado una presión particular. El caso más notorio es el de Monseñor Rolando Álvarez, quien permaneció en detención por más de un año tras abogar por elecciones libres.

En enero de 2024 fue expatriado junto con otros 18 religiosos.

¿Qué busca la horrible Murillo?

Analistas sugieren que la dictadura busca desmantelar la estructura eclesiástica en Matagalpa y obligar al Vaticano a negociar con sacerdotes afines al régimen.

La diócesis, que anteriormente contaba con 40 sacerdotes, ahora opera con solo 13 debido a detenciones y exilios.

Martha Molina, abogada e investigadora, señala que más del 70% del clero de Matagalpa ha sido forzado a abandonar Nicaragua. Los religiosos que permanecen enfrentan vigilancia y amenazas constantes.

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Más ONG decapitadas

El Acuerdo Ministerial 36-2024-OSFL, que disuelve la organización, también afecta a otras cinco entidades sin fines de lucro.

Lista de ONG canceladas (por orden alfabético):

  1. Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa
  2. Asociación de Mujeres Axayacatl
  3. Asociación Iglesia de Dios Pentecostal Espíritu Santo y Fuego
  4. Asociación Ministerio Evangelístico Tiempos de Cambio
  5. Fundación Iglesia el Buen Samaritano

Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial 37-2024-OSFL disolvió otras nueve organizaciones, citando «disolución voluntaria de miembros».

Insaciable apetito de odio de dictadura

Desde 2018, Nicaragua experimenta una intensificación en la represión estatal contra organizaciones de la sociedad civil y ONG.

El gobierno ha implementado una serie de medidas legislativas y administrativas que restringen severamente el espacio cívico.

Estas acciones incluyen la cancelación masiva de personerías jurídicas, la confiscación de bienes, y la criminalización de líderes sociales y religiosos.

La persecución se extiende particularmente a entidades vinculadas a la Iglesia Católica, percibida como crítica al régimen.

El patrón de disoluciones, detenciones y exilios forzados refleja una estrategia sistemática para debilitar las estructuras de apoyo social y las voces disidentes en el país.

Esta campaña ha generado preocupación en la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el deterioro del estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua.

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