A tres meses del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará en noviembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, expertas en derechos de las poblaciones indígenas expresaron que Nicaragua tiene pocas probabilidades de revertir sus malas calificaciones en esta materia.
Así lo afirmaron Anexa Alfred Cunningham, Becky McCray y Keyla Chow durante la conferencia «Voces y Realidades de la Costa Caribe de Nicaragua», celebrada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora mundialmente el 9 de agosto.
Según Anexa Alfred Cunningham, “Nicaragua está totalmente aplazada en el cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas”.
Imposible ocultar abusos a indígenas
Alfred Cunningham es especialista en derechos humanos del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La prestigiosa abogada se encuentra exiliada desde que el régimen sandinista le impidió regresar al país en julio de 2022, tras asistir a un evento de derechos humanos sobre pueblos indígenas en Suiza.
Alfred Cunningham aseguró que no es posible que el régimen de Nicaragua enmascare ante los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU las «violaciones permanentes, colectivas y flagrantes contra las comunidades del Caribe nicaragüense».
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Estado rumbo a una nueva condena mundial
El EPU es un mecanismo de la ONU que evalúa cada cinco años el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los Estados miembros.
Nicaragua fue evaluada por última vez en mayo de 2019, en medio de la represión contra la población civil opositora.
Durante esa evaluación, el representante del régimen, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, negó los hechos y rechazó las observaciones de la mayoría de embajadores, mientras en Nicaragua se reportaba el asesinato a tiros del reo político Eddy Montes en la cárcel Modelo de Tipitapa.
“Hemos visto que las violaciones persisten; la persecución indiscriminada, la criminalización de todo derecho, el destierro obligado y la desaparición forzada son violaciones documentadas que el régimen está implementando en la Costa Caribe de Nicaragua”.
Anexa Alfred Cunningham
Política del terror contra pueblos indígenas
El foro fue organizado por varias organizaciones humanitarias internacionales, entre ellas la Red Internacional de Derechos Humanos Europa, People In Need, Revista Caribe y la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA), junto a varios medios internacionales y locales.
Cunningham explicó que la persecución, criminalización, destierro y desaparición forzada están aumentando sin control.
«La política del terror que ha implementado el régimen ha calado no solo en la población nicaragüense del Pacífico, sino también en la Costa Caribe», lamentó.
Aquella paliza en el EPU 2019…
En 2019, las delegaciones de Estados miembros de la ONU, participantes en el 42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, adoptaron un Informe del Grupo de Trabajo con los resultados del EPU para Nicaragua.
Dicho informe contiene 259 recomendaciones para que el Estado de Nicaragua mejore la situación de derechos humanos en el país, que enfrenta una grave crisis desde abril de 2018.
El régimen rechazó 124 recomendaciones, de las cuales 100 estaban relacionadas con la crisis de derechos humanos.
Estas incluían el retorno de los mecanismos de derechos humanos, la libertad de los prisioneros políticos, la restitución de los derechos civiles y políticos, el cese de la represión y garantías de seguridad para que los exiliados pudieran regresar al país.
Dictadura: ¿Cuáles violaciones a los derechos indígenas?
La dictadura de Nicaragua justificó el rechazo alegando «falta de fundamento y distorsión de la realidad».
El entonces embajador del régimen ante el Consejo de Derechos Humanos, Carlos Ernesto Morales, negó las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales y grupos armados paraestatales, ampliamente documentadas por organizaciones como ACNUDH y la CIDH.
Además, afirmó que “algunos Estados emitieron discursos políticos, muy alejados de recomendaciones constructivas, tratando de politizar” el EPU.
Nicaragua aceptó 135 recomendaciones relacionadas con derechos de la infancia, violencia de género, políticas públicas inclusivas, cambio climático, combate a la pobreza y desigualdad, acceso a la educación y mejoramiento de titulación para pueblos indígenas y afrodescendientes.
Sobre este punto, Alfred Cunningham señaló que, aunque el Estado ha avanzado en la demarcación de territorios indígenas, no ha garantizado los derechos de las comunidades a habitar en paz esos espacios.
«Hay un verdadero genocidio contra los habitantes de los territorios», denunció, atribuyendo la situación a intereses políticos y corrupción que dejan impunes la mayoría de los crímenes contra las familias de estas comunidades.