Un informe preliminar sobre las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Nicaragua, presentado en San José, Costa Rica, el pasado 20 de julio, develó que la calidad de vida en Nicaragua ha empeorado bajo la política de represión de la familia Ortega-Murillo.
El informe, presentado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, se hizo público en el marco de la evaluación que se le realizará al régimen criminal de Nicaragua durante el Examen Periódico Universal.
Dicho proceso evaluativo se realiza cada cinco años ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza; a la dictadura de Nicaragua se le evaluará durante el período 2019-2024 el próximo 13 y 15 de noviembre.
Las organización que han presentado sus informes de cara exponer la documentación para el EPU, son la RedProdepaz Nicaragua, la Fundación para la libertad, la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) y Aula Abierta.
Se suman la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Costa Rica, Activismo Ciudadano en Resistencia, Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE), Foundation for Development and Social Innovation, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses.
El informe de las organizaciones de derechos humanos reporta desapariciones forzadas, procesos judiciales arbitrarios, persecución, tortura, destierro, confiscación de propiedades:
En general, se reportan masivas violaciones de derechos humanos de todo tipo y acciones consideradas crímenes de lesa humanidad a la luz de los convenios internacionales.
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La Red prodepaz destaca violaciones al derecho a la educación, libertad académica, desapariciones forzadas, tortura, persecución política así como también violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, persecución religiosa y secuestro de mujeres opositoras.
Entre estas mujeres están las universitarias Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos, quienes fueron detenidas por la policía sandinista y condenadas ilegalmente por cargos de tráfico de drogas, tras criticar el cierre de la UCA y promover el feminismo.
De igual modo el profesor Freddy Quezada, exprofesor de la UNAN-Managua, fue detenido y condenado por «incitación al odio” y se encuentra desaparecido.
Desde 2021 al menos 27 universidades privadas han sido cerradas y confiscadas arbitrariamente, según el informe, incluyendo el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), que afectó a 5,000 estudiantes y 546 docentes.
El Estado ha creado nuevas universidades en las instalaciones confiscadas, pero se han convertido en centros de adoctrinamiento y propaganda.
Más registros de violaciones bajo régimen Ortega-Murillo
Un abogado que se encuentra en Nicaragua y que por temor prefirió omitir su nombre, lamentó que este país se ha convertido «cada día en una gran cárcel donde nadie tiene derechos».
«Los únicos que se manifiestan imperiosamente sin sometimiento a la ley, es la familia Ortega Murillo», dijo.
El abogado puso de ejemplo lo que ha estado ocurriendo en algunos departamentos donde la policía sandinista le cae a golpes, patadas y culatazos a motociclistas y otros ciudadanos, brutalidad policial que queda impune.
En ese sentido las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron el informe del EPU, exponen que entre otros derechos vulnerados por la dictadura está el derecho a la asociación y la libertad de movilización.
Eso incluye la persecución transnacional contra exiliados. El Monitoreo Azul y Blanco ha registrado 521 víctimas de represión migratoria, incluyendo destierros, retenciones y hostigamiento.
La libertad de reunión pacífica ha sido restringida desde 2019, con la policía impidiendo marchas y manifestaciones, incluyendo actos religiosos y procesiones.
Contra los periodistas y medios
A la vez, la aprobación de la Ley del Ciberdelito en 2020 ha criminalizado la difusión de información pública, limitando aún más la libertad de expresión en línea y la capacidad de organizar reclamos o protestas digitales.
La represión incluye el asedio, persecución, encarcelamiento, allanamiento y desaparición forzada de periodistas, incluyendo comunicadores jubilados o en retiro.
Además, según el informe, el revivido y tenebroso Ministerio del Interior ha sostenido la ilegalización y confiscación de 3.532 organizaciones civiles, incluyendo partidos políticos, universidades, medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Esta represión se ha extendido a la Iglesia Católica, con 667 ataques documentados, incluyendo confiscaciones de propiedades, destierro de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas.
La aprobación de la Ley 1115 Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en 2022, ha legalizado la confiscación de bienes de organizaciones disueltas, consolidando aún más la represión estatal.
La libertad religiosa también ha sido blanco de ataques, con la Iglesia Católica sufriendo la mayor parte de los 737 ataques registrados contra instituciones religiosas entre 2018 y 2023.
Estos ataques han incluido profanaciones, robos, amenazas de muerte y exilio forzado o destierro de líderes religiosos.
Cierre de Radio María
El más reciente caso de gran trascendencia fue el cierre y confiscación de bienes de Radio María, una emisora católica de gran trascendencia y más de 40 años de existencia.
Ello conllevó a la detención y desaparición forzada de la periodista Nohelia González, ex periodista de La Prensa y el Canal Católico de Nicaragua, quien desde el 08 de julio se encuentra desaparecida tras ser detenida por la policía del régimen.
Pero también la represión estatal se ha extendido a la esfera migratoria, con la aprobación de la Ley 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, en 2023, que ha permitido la privación arbitraria de la nacionalidad de 222 presos políticos desterrados.
Esta ley también ha facilitado la confiscación de bienes de los afectados, según parte del informe.