Al menos 147 opositores y críticos de la dictadura sandinista permanecen encarcelados como presos políticos en Nicaragua, denunció este semana el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Este informe, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refleja la continua represión estatal en el país centroamericano.
Según el informe, hasta el 30 de junio de 2024, de los 147 secuestrados políticos, 24 son mujeres y 123 son hombres, incluyendo diez detenidos antes de la crisis de 2018.
Durante el periodo de este informe, entre el 1 y el 30 de junio, siete personas fueron detenidas por motivaciones políticas.
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El Mecanismo también alerta que de los detenidos, 24 son adultos mayores con enfermedades crónicas que se agravan continuamente sin recibir la atención médica necesaria, incluyendo hipertensión, diabetes, párkinson y alergias.
Esta situación subraya las deplorables condiciones carcelarias y los malos tratos que enfrentan los prisioneros políticos y sus familiares, poniendo en riesgo sus vidas.
Entre los secuestrados políticos figuran exdiputados indígenas miskitos como Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez James.
Además están el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón y el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
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Lista de presos políticos sigue creciendo
La lista no incluye nuevos secuestrados en julio por la dictadura, como la familia de la jueza Eveling González, detenida y desaparecida junto a su esposo José Rayo Espino y su hijo, el periodista Fernando Rayo González.
Tampoco incluye al militar en retiro Eddie González, detenido después de liarse a balazos con los esbirros de la policial al servicio de la familia Ortega-Murillo, tras la captura y desaparición de la periodista Nohelia González.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.
En esas elecciones fraudulentas, Ortega y Murillo se auto-reelegieron por cinco años más, hasta 2026.
Fue un proceso marcado por la detención de sus principales oponentes, quienes luego fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de “traición a la patria”.
La represión sistemática y las tácticas autoritarias del régimen Ortega-Murillo siguen generando críticas y condenas internacionales, por abusos considerados crímenes de lesa humanidad.
Mientras tanto la población nicaragüense vive bajo un estado de constante vigilancia y temor, evidenciando la política de represión estatal que impera en el país y que ha llevado a más de un millón al exilio.