La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un alarde de cinismo, convirtió en un «centro de hemodiálisis» una propiedad confiscada al empresario radial Aníbal Toruño, quien se exilió hace tres años debido a amenazas y persecución por parte del régimen criminal.
La vivienda, una casa colonial con más de 150 años de antigüedad ubicada en el centro de León, la compró la familia Toruño en 1995 tras años de trabajo y sacrificio.
La propiedad no solo posee un valor sentimental y familiar, sino también histórico. Durante los últimos años de represión, la vivienda fue allanada en múltiples ocasiones y finalmente la ocupó la Policía al servicio de la dictadura en 2023.
Toruño conoció que el Ministerio de Salud de Nicaragua inauguró el centro de hemodiálisis «Francisco Jarquín» en su antigua casa.
Esta acción es parte de un patrón habitual del régimen, que ha convertido varias propiedades confiscadas a opositores en dependencias públicas, para alardear «de invertir en el pueblo».
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Saña terrorista de los Ortega-Murillo contra Aníbal Toruño
A Aníbal Toruño, un crítico constante del régimen, también le robaron Radio Darío, la emisora que dirigía en León.
La radio la quemaron en 2018, en el contexto de la brutal represión contra las protestas civiles, durante las cuales Radio Darío denunció los crímenes de la dictadura.
El empresario ha experimentado tres exilios. El primero ocurrió en los años ochenta, durante el primer régimen del Frente Sandinista (FSLN) encabezado por Ortega, cuando Toruño se opuso a los sandinistas.
En 2018, tras la quema de Radio Darío y debido a amenazas de muerte, se exilió por un año. Regresó al país en 2019, pero se vio obligado a abandonar nuevamente en 2021 debido a la persistencia de las amenazas y la represión.
Perseguido, confiscado y desterrado
Además de la confiscación de sus propiedades y la persecución, Toruño es uno de los 94 opositores a quienes se les ha despojado de la nacionalidad nicaragüense por su abierta crítica y oposición al régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La represión contra los periodistas y opositores en Nicaragua es constante durante el régimen de Ortega desde 2018.
Desde el estallido de las protestas en 2018, el gobierno ha intensificado su control sobre los medios de comunicación y ha perseguido a aquellos que se atreven a criticar al gobierno.
Las confiscaciones de propiedades y la censura son herramientas clave de la dictadura Ortega-Murillo y su familia para silenciar la disidencia en el país centroamericano.