El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó este a Estados Unidos y la Unión Europea de cometer «genocidio» contra Nicaragua al imponer sanciones «injustas» a funcionarios de su gobierno, durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Iván Lara Palacios, ministro asesor de Ortega para políticas y relaciones internacionales, denunció que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a miembros del régimen representan un «mecanismo de injerencia» y una «vulneración a la autodeterminación de los pueblos».
Según Lara Palacios, alias Condorito, ambos bloques utilizan la «fuerza» como herramienta de «poder blando» contra Nicaragua y otros países.
«Las medidas coercitivas no son herramientas inocentes de ‘poder blando’, matan como las balas en la guerra, matan de hambre, matan por falta de medicamentos, y están dirigidas a infligir deliberadamente las condiciones de vida de una población, para provocar su destrucción física total o parcial, y esto se llama genocidio», declaró Lara Palacios, al borde de las lágrimas.
Se le olvidó decir las razones de las sanciones
En medio de su discurso melodramático, a Lara Palacios se le olvidó mencionar las razones por las cuales Estados Unidos y los países europeos le han impuestos las merecidas sanciones al régimen.
Algunas razones son: la violación masiva y sistemática de derechos humanos de los nicaragüenses, crímenes de lesa humanidad, fraudes electorales, corrupción desenfrenada y lavado de dinero y finalmente tráfico internacional de migrantes y crimen organizado.
Desde el 18 de abril de 2018, la dictadura a la que Lara Palacios le sirve ha provocado 355 asesinatos, miles de detenciones, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y el desplazamiento forzoso de casi un millón de nicaragüenses.
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A la dictadura le duelen mucho las sanciones
El funcionario de los Ortega-Murillo agregó que Estados Unidos y los Estados miembros de la Unión Europea han emitido «más de 26 mil sanciones», afectando a casi un tercio de los países del mundo.
«Estas medidas coercitivas son verdaderas agresiones contra el derecho de los pueblos a su autodeterminación y el derecho de los pueblos a ser libres», añadió suspirando y con cierto deje quebradizo en la voz.
Lara Palacios señaló a Estados Unidos de utilizar la Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua (Nica Act), aprobada en 2018, y la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Ley RENACER) para bloquear préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua, afectando el desarrollo de programas sociales financiados con cooperación externa.
Clamor por instituciones represivas del régimen
«Estados Unidos ha impuesto la prohibición de nuevas inversiones en Nicaragua y la importación y exportación de ciertos productos», se quejó amargamente.
«Asimismo, contraviniendo el derecho internacional, estas órdenes imponen medidas individuales a funcionarios del gobierno, lo cual pretende paralizar la dirección funcional de las instituciones del Estado y obstaculizar el desarrollo de capacidades en instituciones como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio Público y las Telecomunicaciones (todas ellas sancionadas por violar derechos humanos y corrupción)», detalló el asesor orteguista.
El delegado sandinista sostuvo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ejercen mecanismos prohibidos por la Carta de la ONU y que las sanciones no solo están dirigidas a los colaboradores de Ortega, sino que afectan la economía del país y buscan derrocar gobiernos.
Ideay ¿Y no es que las sanciones eran medallas?
«Las sanciones constituyen un castigo colectivo en contra de los pueblos, dislocan las economías de los países y afectan el nivel de vida de poblaciones enteras», clamó el enviado de la familia dictatorial.
«Restringen (las sanciones) su acceso a alimentos, medicinas, agua y saneamiento, salud, vivienda, educación y empleo, con la intención de provocar descontento social y derrocar a los gobiernos legítimos», aseveró Lara Palacios.
El asesor también argumentó que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea carecen de legitimidad y veracidad, ya que están fundamentadas «en noticias falsas y estereotipos negativos».
«Habitualmente, estas medidas coercitivas se fundamentan en noticias falsas y van acompañadas de discursos de odio contra pueblos como China, Cuba, Irán, Bielorrusia, Eritrea, Nicaragua, Venezuela, Rusia, Zimbabue y otros países víctimas de estas ilegales medidas», expresó.
Se le olvidó cuando Ortega bravucón decía «¿Y si las aplican, qué?
Lara Palacios concluyó su intervención pidiendo la suspensión inmediata de las sanciones, las cuales consideró «medidas económicas coercitivas unilaterales» que representan un «obstáculo para la ciudadanía».
En su amnesia a favor del régimen, se le olvidó cuando su patrón, el dictador Ortega, clamaba por las sanciones como bravucón en plaza abierta: «¿Y si las aplican, qué?».
«Eliminar estas agresiones es imperativo, ya que son verdaderos obstáculos en la erradicación de la pobreza y para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030», concluyó.
Desde 2018, Nicaragua ha enfrentado una serie de sanciones internacionales debido a las acusaciones de violaciones de derechos humanos, corrupción y represión política.
La comunidad internacional ha mantenido estas sanciones como una forma de presionar al régimen para que respete los derechos humanos y realice reformas democráticas, pero lejos de ello, la dictadura se ha radicalizado en la crueldad de las violaciones de derechos humanos.