El total de personas secuestradas por motivos políticos en Nicaragua se elevó a 141, según último informe del Mecanismo Para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Esta organización no gubernamental le da seguimiento a los arrestos ordenados por la dictadura sandinista que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

El último informe del Mecanismo señala que en el mes de abril, el número de personas secuestradas políticas era de 138, pero la actualización develó que entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2024, se identificaron a tres personas más tras las rejas.

La última publicación de este informe incluye a 10 personas detenidas antes del contexto de 2018 y revela que en total son 23 mujeres y 118 hombres.

Las desapariciones y los secuestros políticos

El Mecanismo además alerta sobre la grave situación de derechos humanos y las condiciones de prisión de las personas presas políticas en Nicaragua, sobre todo por la desaparición forzada de algunas de ellas.

Durante abril y mayo reciente, la organización nicaragüense reportó un total de 18 casos de detenciones arbitrarias con aparentes motivaciones políticas.

De estos, 12 han sido puestos en libertad, mientras que la ubicación de los seis restantes, aún no ha sido confirmada, y estos casos permanecen bajo investigación.

Incluso el Mecanismo denunció que tres presos políticos se encuentran bajo desaparición forzada. Se trata de Brooklyn Rivera, Carlos Bojorge y Freddy Quezada.

“A pesar de los persistentes esfuerzos de sus familias por obtener información sobre la susituación y poder visitarlos, la aplicación de Medidas Cautelares de la CIDH y de varios pronunciamientos de organismos de derechos humanos, el régimen se ha negado rotundamente a proporcionar cualquier tipo de detalle de su paradero, su estado de salud y su estatus judicial”.

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presos políticos
Verdugos judiciales siguen emitiendo fallos contra las personas secuestradas políticas en la dictadura de la familia Ortega-Murillo.

Sin atención médica y alimentación pésima

Por otro lado, el Mecanismo recordó que aún persisten los casos donde se sigue negando el acceso a la salud de calidad y tratamientos médicos adecuados según las necesidades de cada persona secuestrada.

Asimismo, persiste la baja calidad en los alimentos suministrados así como el agua contaminada.

El informe confirmó que las personas secuestradas políticas, entre ellos 18 personas adultas mayores, son condenados a hacinamientos y condiciones inhumanas dentro de los calabozos, donde muchas veces no hay ventilación adecuada, carecen de higiene y acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica.

Además que la calidad de la alimentación suministrada a los presos políticos es deficiente y poco nutritiva, lo que ha provocado casos de desnutrición. Esto se traduce en violencia y torturas para estás personas detenidas injustamente.

“Las personas presas políticas denunciaron golpizas, hostigamientos en las madrugadas, amenazas de muerte, y abusos psicológicos como el aislamiento prolongado».

«Se reportan numerosos casos donde las personas presas políticas son ubicadas en celdas con reos comunes de alta peligrosidad quienes los amenazan”, indicó el Mecanismo.

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Lo que dice la CIDH y RELE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoria Especial para la Libertad de Expresión (RELE) pidieron a la dictadura sandinista que garantice la vida de los confinados políticos o que los liberen.

Según la comunicación, la CIDH ha recibido información sobre «las deplorables condiciones de detención en Nicaragua» para los secuestrados del régimen.

Ello incluye «la insalubridad en las celdas; la falta de acceso al agua potable; alimentación insuficiente e insalubre; la falta de atención médica oportuna y especializada, así como a medicamentos».

Las denuncias también hablan de «tratos crueles e inhumanos por autoridades penitenciarias y agresiones de personas presas comunes» contra las que son identificadas como «presas políticas».

Los actuales prisioneros políticos están sufriendo daños en la salud física y mental, especialmente las personas adultas mayores y quienes sufren enfermedades crónicas, lo que, según la nota, coloca “en grave riesgo su vida e integridad física”.

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