Una red de crimen organizado, presuntamente apoyada por fuerzas paramilitares sandinistas, estaría detrás de la extracción ilegal de oro en la clausurada mina Las Crucitas en Costa Rica.
La mina, ubicada en San Carlos, Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua, ha sido un punto crítico para actividades mineras ilegales desde que Costa Rica rescindió un contrato con una compañía canadiense, lo que desencadenó una prolongada batalla legal.
Un activista defensor de los derechos de los migrantes en la zona ha denunciado de manera anónima la presencia de hombres nicaragüenses con armas oficiales de la policía y del ejército sandinista, realizando labores de inteligencia y organizando a los mineros artesanales de ambos países.
La sospecha de una estructura organizada con características militares se ha venido denunciando con insistencia desde 2018, pero en los últimos dos años ha aumentado a tal grado que se habla de «batallones organizados».
Hasta vigilantes tienen los paramilitares
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica corroboró el fin de semana la existencia de una estructura operativa que incluye una red de vigilantes e informantes que alertan a los mineros locales, conocidos como «coligalleros», sobre la llegada de las fuerzas del orden.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, afirmó en una conferencia de prensa el domingo que la red está compuesta por 538 personas, distribuidas alrededor de la zona de Crucitas.
Las operaciones realizadas este año han llevado a la detención de un hombre de apellido Sandoval, identificado como «pastor evangélico», presuntamente involucrado en las actividades ilegales, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de San Carlos.
Las autoridades también han descubierto un taller que fabricaba barriles para procesar material minero, gracias a los esfuerzos policiales.
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Estructura de paramilitares y recursos millonarios en el negocio del oro
Desde enero hasta mayo de weste 2024, el Ministerio de Seguridad Pública ha llevado a cabo varias operaciones que han resultado en importantes incautaciones:
- 130 barriles de hierro
- 1.073 esferas metálicas
- 59 motores
- 19 plantas de energía
- 34 bombas extractoras
- 2 toneladas de sedimento
- Más de 1.300 herramientas e implementos para la extracción
Además, 342 personas han sido detenidas por varios delitos: 163 por estado migratorio irregular, 35 por delitos relacionados con drogas, 11 por arrestos penales y tres por posesión de armas y explosivos.
Los oficiales también han confiscado ocho armas de fuego, diez cuchillos, 70 kilogramos de marihuana, 1.466 litros de gasolina, 120 litros de diésel, más de nueve millones de colones y 624.000 córdobas, además de cerveza, madera y radios de comunicación.
Las Crucitas, una vez una mina a cielo abierto, se ha convertido en un refugio para mineros artesanales, principalmente de Nicaragua, quienes extraen oro y lo venden en su país.
La policía costarricense ha intentado detener las actividades ilegales en múltiples ocasiones, enfrentando una fuerte resistencia de los mineros.
En abril, la policía costarricense disparó contra un grupo de mineros que rodeaba una patrulla, resultando en la muerte de dos mineros nicaragüenses cuyos cuerpos fueron repatriados.
La zona ha sufrido abandono y saqueo, con consecuencias devastadoras como la contaminación con mercurio y cianuro, el uso de dinamita y un daño ecológico irreversible.
Algunas voces han instado a Costa Rica a denunciar a Nicaragua por permitir la entrada y explotación de grupos ilegales que, aprovechando lo remoto del área, extraen el metal precioso dejando una estela de destrucción.
Negocio del oro en Nicaragua y sanciones de EEUU
Las actividades mineras ilegales en Las Crucitas ocurren en el contexto de una industria del oro problemática en Nicaragua, donde Estados Unidos ha sancionado a funcionarios del régimen sandinista por su participación en el negocio corrupto del oro.
Estados Unidos acusa a estos funcionarios de promover la extracción ilegal de oro en Nicaragua, aceptar sobornos por concesiones y extorsionar a empresas mineras establecidas a cambio de gestiones estatales.
A principios de este año, Laureano Ortega Murillo, un hijo de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue sancionado por su papel en la corrupción que afecta al sector del oro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alega que Ortega Murillo ha estado profundamente involucrado en la manipulación del sector del oro en beneficio del régimen, contribuyendo aún más a la inestabilidad económica y política del país.