Las calles de Nicaragua son peligrosas. Cada mes ocurren en promedio 4 mil 186 accidentes de tránsito, según un análisis de las cifras semanales ofrecidas por la Policía Nacional. Del 01 de enero al 21 de mayo de 2024, la Dirección de Tránsito Nacional reporta 20 mil 933 accidentes en todo el país, 330 muertes de nicaragüenses y 806 lesionados.
Al exponer las cifras en detalle, es posible darse cuenta de que cada día, un promedio de 2.3 personas mueren en las vías a causa de accidentes de tránsito, un total de hasta 70 personas cada mes.
La Policía indica que los días en que se registran los accidentes con mayor mortalidad son los sábados, domingos y lunes y que ocurren entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada.
El año pasado, Nicaragua tuvo su propia “pandemia” en las vías. Hubo 51 mil 104 accidentes que dejaron mil 14 fallecidos y 2 mil 998 lesionados. Fue la primera vez en mucho tiempo que el país sobrepasó el umbral de las mil víctimas por esta causa.
51.7% de los fallecidos fueron conductores. Luego el otro alto número de víctimas fueron peatones que representaron el 26.6% y un poco menos; un 21.7% fueron pasajeros. Esa tendencia continúa este año y de forma ascendente.
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Este año empeorarán cifras de accidentes
Entre los conductores que fallecen, más de la mitad son motociclistas. 58% en lo que va del año. Y son los motociclistas también, los que más protagonizan accidentes en las vías.
“Hemos suspendido 12 mil licencias en lo que va del año por conducir sin casco. Andan el casco en la mano y no se lo ponen”, se queja por su lado el Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional en una entrevista con el sandinista canal 4 de televisión.
El otro gran problema, es el licor. “Nosotros vemos que más del 60% de las personas fallecidas en accidentes están involucradas en el consumo de alcohol”, dice Vanegas.
Son más de 100 mil licencias de conducir las que había suspendido la institución reguladora del tránsito entre enero y la primera semana de mayo de 2024. A los conductores, también se les está enviando a capacitaciones de reeducación vial, se les está reteniendo vehículos y una cosa más; se les está aplicando multas, un número exagerado de multas.
Un drama que “engorda” la cartera policial
Son esos datos los que dieron origen a la campaña policial “Protegé tu vida” que tiene un enfoque más económico que humano. Centrarse en las “medidas coercitivas”, a como la Policía llama a las multas, no ha servido para llevar los números de accidentalidad y mortalidad vial a un índice menos preocupante. Sin embargo, el drama en las carreteras, sí ha hecho que la institución abulte su presupuesto.
En solo el primer trimestre de este año, la Policía rompió el récord de recaudación de multas de tránsito. Superó los 100 millones de córdobas, según datos del Ministerio de Hacienda.
En el año 2023 las muertes en las vías también fueron lucrativas para la institución. Un recuento del medio de comunicación Confidencial indica que la Policía recaudó en multas 343.4 millones de córdobas, mientras la Escuela de Educación Vial que es a la que deben asistir los conductores infractores para recuperar su licencia, reunió 134 millones de córdobas más.
Desde 2019, las recaudaciones por multas de tránsito han ido en aumento pasando de 227 millones 96 mil 234 córdobas a 343 millones 477 mil 852 en 2023. Un incremento de poco más de la mitad, 50.72%.
Sin embargo, los accidentes continúan siendo un gran problema social. El 50% de las víctimas mortales están entre las edades de 21 y 40 años, la etapa más productiva en la vida humana.
La Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), reportó a Vostv Canal 14 que, al cierre de 2023, registraron más de 76 mil personas con discapacidad físico-motora, 2 mil más que el año anterior.
“La mayoría de estas personas registradas en el año pasado presentan una discapacidad generada por accidente de tránsito”,
dijo Juan Pío Ortiz, coordinador de la comisión de accesibilidad de Feconori.
Víctimas en desamparo
Estas víctimas, permanecen a la sombra de las estadísticas policiales, pues el gobierno no hace un seguimiento de estas, ni se sabe si logran indemnizaciones justas o atención médica adecuada luego de sufrir lesiones en accidentes viales.
Johana Sánchez perdió a su esposo en un accidente en motocicleta hace varios años. Él no tenía licencia, ni seguro y tras su muerte, quedó en desamparo junto a su niño de cuatro años.
“A nivel emocional es como si se te cae la vida y no tenés la maquinaria necesaria para recogerla. En lo económico, es sumamente duro”, nos dice.
Ella considera que sería oportuno que la Policía Nacional, “destinara un porcentaje del monto que recauda cada año en concepto de multas de tránsito para promulgar una ley donde se le de el amparo económico a los menores que quedan en orfandad”.
Propuestas para soluciones
La socióloga Hayde Castillo explica que “el Plan de Emergencia Vial atiende a una política estatal que prioriza el terrorismo fiscal, la recaudación de fondos sangrando al pueblo por donde les sea posible”.
Para Castillo, atender el problema de fondo no implica centrarse solamente en el interés recaudatorio, sino más bien en fomentar la educación vial desde el sistema educativo, bajar el nivel de tensión emocional en la que tienen sometida a la población por la persecución y violencia estatal, lo cual asegura, hace que la gente consuma más licor y drogas, así como también contar con una institución policial que tenga un rol más preventivo que castigador y de extorsión.
Además recomendó proveer salarios dignos a la policía de línea para acabar con “las mordidas”.
Para Sánchez, el trauma por la muerte de su esposo ha sido más difícil de superar a causa de la falta de políticas públicas para asistir a las familias de las víctimas por accidentes de tránsito, lo cual le ha representado mayores preocupaciones por mantener sola a su hijo.
Pero para la policía, los muertos y lesionados, parecen ser solo estadísticas. La realidad humana detrás de estos números, no son el foco principal de la estrategia policial.
Más bien parece, que entre más infractores haya, más oportunidad tiene la institución de robustecer su economía.