La corrupción generalizada, el monopolio del negocio de explotación maderera y la falta de fiscalización de ambientalistas independientes, se han combinado para que la familia Ortega-Murillo y su círculo de poder arrasen con los bosques de Nicaragua.
Así lo reveló el ambientalista Amaru Ruíz en una investigación denominada Bosques en venta: la corrupción y el colapso de la gestión ambiental en Nicaragua.
La investigación la realizó el Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción de la no gubernamental Hagamos Democracia fue presentada en línea este 31 de mayo en San José, Costa Rica.
De acuerdo a Ruiz, Nicaragua podría quedarse sin bosques en los próximos 20 años debido a una alarmante tasa de deforestación del 1.2% anual, lo que equivale a 170 mil hectáreas por año.
Miles de hectáreas de bosques arrasadas legalmente e ilegalmente
Así lo advirtió el especialista, quien achaca la responsabilidad del desastre ambiental a la explotación maderera del régimen durante 17 años consecutivos: de 2007 al 2024.
«Los datos oficiales apuntan a 150,000 hectáreas anuales, sin embargo, nosotros calculamos más de 170,000 hectáreas al año», señaló Ruiz.
A la vez, el experto advierte que hay una tasa de subregistro para ocultar los montos millonarios que le genera el negocio a la dictadura.
«Al ritmo de la tasa de deforestación que han advertido estudios independientes, calculamos que el 24% de la cobertura forestal que queda se perderá a un ritmo del 1.2% por año”.
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Solo 24% de bosques quedan en Nicaragua
De una cobertura forestal de casi el 40 por ciento en 2007, Nicaragua conserva apenas un 24% de bosques, una situación es crítica que supera la deforestación internacional.
El informe destaca la corrupción en el sector forestal nicaragüense, identificando a los actores involucrados en el proceso de extracción forestal desde que Daniel Ortega asumió el poder en 2007.
Según Ruiz, la concentración del poder ha sido uno de los principales factores de corrupción ya que favorece los procesos de explotación a empresarios ligados a la misma familia y partido gobernante.
Para ello, la dictadura se ha valido del control total del aparato estatal para beneficarse con leyes, permisos, autorizaciones y asignaciones de permisos de explotación.
Por ejemplo: en 2006 se estableció la Ley 589, Ley de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso forestal, que protegía especies como caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo.
Sin embargo, un año después de la llegada al poder de Ortega, dicha veda fue eliminada vía decreto presidencial.
«El régimen vino decretando o estableciendo decretos para ir anulando una ley que tenía un sentido de protección y conservación”, explicó Ruiz.
«Estos cambios de las políticas, sin procesos de transparencia en su justificación, han sido favorables a los intereses empresariales y comerciales, generando aumento en los procesos de deforestación del pino en áreas protegidas y en las partes altas de las cuencas, disminución de la disponibilidad de agua y aumentando la degradación de los bosques naturales, particularmente en la región de Las Segovias y del Caribe Norte del país».
AMARU RUIZ
Leyes como papel mojado ante corrupción sandinista con bosques
De acuerdo al experto, actualmente existen al menos 29 normas jurídicas vigentes para el sector forestal, incluyendo 5 leyes, 10 decretos ejecutivos, 3 decretos presidenciales y al menos 11 resoluciones ministeriales.
Además, hasta 2022, existían 110 industrias forestales en todo el país, con el 30% en Nueva Segovia, el 16% en la RACCN, 9% en Estelí, 8% en la RACCS, 6% en Chontales y el 30% distribuidos en el resto de los departamentos.
Sin embargo, todo ha sido papel mojado: en la práctica el control del negocio de la madera sigue operando abiertamente en beneficio de la dictadura y al magen de todo control.
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Solo en 2022 se entregaron 1007 permisos de corte y el volumen autorizado fue de 98,389 metros cúbicos, con el 64% del volumen forestal autorizado procedente de Nueva Segovia (38%) y la RACCN (25%).
Para colmo, la situación amenaza con empeorar con el ingreso al mercado nicaragüense las empresas chinas.
Ruiz resaltó que la entrada de empresas de origen chino ha generado un mayor riesgo de corrupción en el proceso concesionario del sector forestal.
«Ortega apuesta, en el juego geopolítico, a disminuir la dependencia del mercado estadounidense, facilitando la inversión asiática, inclusive a costa de nuestros recursos naturales, como los recursos forestales», aseveró Ruiz.
Nicaragua entre los países más depredados
En 2023, Nicaragua se ubicó entre los países que más bosques perdieron, junto a Bolivia y Laos, según el informe “Pulso del bosque” del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute).
En ese año, Nicaragua perdió 60 mil hectáreas de bosques primarios, la cifra onceava más alta de los trópicos. No obstante, el país tuvo la mayor tasa de pérdida de bosques primarios en relación con su tamaño.
Las principales causas de la deforestación en Nicaragua identificadas incluyen la expansión de la ganadería, la agricultura y la actividad minera.
El informe destaca que la actividad minera ha contribuido significativamente al daño de los recursos naturales, y que el área de concesiones mineras casi se ha duplicado desde 2021, cubriendo alrededor del 15% del país.
Colonos y dictadura: cómplices en la depredación de los bosques
Además, la carne vacuna y el oro son importantes productos de exportación, con gran parte de su producción destinada a Estados Unidos.
La deforestación en Nicaragua ha sido acompañada por invasiones violentas de tierras en territorios indígenas, bajo la complicidad del Estado.
Organizaciones ambientalistas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas han denunciado la complicidad del régimen sandinista en la deforestación y las invasiones de tierras, así como el cierre de grupos de defensa ambiental e indígena en el país.
La situación de los bosques en Nicaragua es alarmante tal como lo anunció Amaru Ruiz, quien demanda acciones urgentes para detener y revertir la pérdida de estos valiosos recursos naturales.