Por Darío Medios Internacional. El comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega es el oficial a cargo de la vigilancia de los derechos humanos en una institución, acusada por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad. Su despacho está en el edificio de Plaza El Sol. Desde ese lugar, la jefatura tiene una vista privilegiada a la Catedral, los alrededores de la rotonda Rubén Darío y un acceso a la avenida universitaria en Managua, donde las protestas fueron reprimidas a sangre y fuego en los días convulsos de 2018. Estudiantes fueron perseguidos en ese entonces y asesinados.
Vanegas es el vocero de la represión. Sus críticos—entre víctimas, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso expolicías— destacan que lo hace sin inmutarse frente a las críticas públicas. Cuando posa frente a las cámaras de los medios oficialistas, como jefe directo de la Dirección de Relaciones Públicas, defiende a un sistema en cuya cúspide está la familia Ortega Murillo: Daniel Ortega como el jefe supremo de la institución, y Rosario Murillo como vicepresidenta, líder de la Juventud Sandinista, coordinadora de gabinete y alcaldes, es decir el poder del partido en el territorio.
En la cadena de mando se distinguen los asesores de seguridad Néstor Moncada Lau y el ministro Horacio Rocha, junto a la jefatura policial encabezada por el director, el consuegro presidencial Francisco Díaz; el subdirector Ramón Avellán, famoso por la “operación limpieza” para despejar violentamente las barricadas levantadas por opositores en 2018 y sancionado por la comunidad internacional; Zhukov Serrano Pérez, el jefe del espionaje desde noviembre pasado, y Vanegas, convertido desde abril de 2017 en un supervisor teórico del cumplimiento de los derechos humanos, un cómplice señalado además de ordenar una golpiza al joven Tik Toker, Kevin Monzón.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Organización de Estados Americanos para investigar los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, Vanegas está entre los altos oficiales que deberían ser investigados y enumeran las funciones establecidas en la legislación local para su cargo y que incumple al parecer como “garantizar el permanente respeto a los derechos humanos y atender a los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, realizar verificaciones, supervisiones e inspecciones en las distintas unidades de la Policía Nacional”.
Ningún defensor de derechos humanos ha podido acceder a las prisiones del régimen después de las protestas masivas de 2018 ni ha recibido informes sobre investigaciones internas a violaciones cometidas contra los ciudadanos. Para el defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Vanegas es un cínico, “eficiente con las directrices de la jefatura criminal de Ortega y Murillo, pero incapaz de proteger al pueblo. Ni siquiera simula ejercer sus funciones contempladas en la ley, y al no cumplirlas, él cae en prevaricato”, denunció.
Arce recuerda que no sólo no se tienen noticias de alguna investigación interna por abusos, sino que públicamente se han conocido casos de jefes policiales reincorporados y condecorados por el régimen, a pesar de tener condenas judiciales, como ocurrió con Zacarías Salgado, el jefe de un grupo de oficiales que asesinaron a una familia en el sector de Las Jagüitas, Managua, en 2015.
EL ABOGADO DISCRETO QUE SIRVE AL PODER
Antes de cobrar notoriedad en el cargo de Inspector General, durante años estuvo trabajando a la sombra, en la División de Asesoría Legal de la Policía, compartiendo misiones con el comisionado general en retiro, Juan Ramón Gradiz Blanco.
Gradiz Blanco fue inspector general de la Policía en los años de la jefatura de la primera comisionada Aminta Granera. Tanto Gradiz como Vanegas, desde la jefatura de Asesoría Legal, respaldaron las reformas constitucionales que instalaron la reelección indefinida que benefició a Ortega en 2013, según puede leerse en el diario debate de la Asamblea Nacional.
Ascendió al cargo en 2017, después del retiro de su antecesor, el inspector general Pablo Emilio Ávalos. De acuerdo con una fuente vinculada a la Policía, que ha dado seguimiento a su trayectoria, Vanegas no es alguien que se ha destacado en las filas de la Policía Nacional. “No tiene trayectoria destacada en el campo de la investigación ni tampoco en la prevención de delitos. Es un cómplice de la represión y de todo lo que está pasando por el hecho de participar en la Jefatura Nacional”, sostuvo.
A pesar de ejercer desde 2017, su ascenso fue oficializado el 23 de agosto de 2018, seis meses después de la violenta represión contra los manifestantes, en que la Policía tuvo un brutal protagonismo. Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el nombramiento de Vanegas representa un estilo de gestión que caracteriza a la Policía: Mantener una estructura carente de institucionalidad.
La fuente citada por Darío Medios Internacional indica que Vanegas tiene cercanía con el exsubdirector policial Francisco Bautista Lara, cercano al régimen de Ortega. También con el fiscal general adjunto Julio González Sandoval, exjefe de la Dirección de Auxilio Judicial, otro de los aliados del régimen en la estructura institucional que ha perseguido a centenares de opositores.
Sin embargo, intentar corroborar algunos datos sobre su trayectoria profesional con Bautista Lara resulta incómodo. Cuando se le consultó vía telefónica, el exalto oficial dijo a secas que no hablaría ni valoraría “el trabajo que ha desempeñado Jaime Vanegas desde su nombramiento como Inspector General hasta la fecha”.
EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA DEFENSA DE LA OPRESIÓN
Puede que no se necesitan opiniones de terceros dentro del régimen Ortega Murillo para conocer su trayectoria y su compromiso con el partido del FSLN. Sus mismas actuaciones y palabras podrían convertirse en su propio juez si algún día la justicia internacional procesa a los principales ejecutores de la represión en Nicaragua.
n 2018, los nicaragüenses habían levantado barricadas en todos los barrios, inconformes con la represión y pedían la dimisión de la pareja presidencial. Policías, paramilitares, comisarios políticos del partido respondieron entonces con un uso desmedido de la violencia, tanto que los organismos internacionales—entre ellos la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos— señalaron la comisión de “delitos de lesa humanidad”. Eso pasó a finales de febrero de 2024 con el más reciente informe del Grupo de Expertos Independientes de Naciones Unidas, donde nuevamente su presidente hizo un llamado a que estos casos no quedaron en la impunidad.
“El presidente (Daniel) Ortega, la vicepresidenta (Rosario) Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, dijo el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.
En agosto de 2018, Vanegas explicó al periodista Alberto Mora en la Revista En Vivo del oficialista Canal 4 que seguirían “desarrollando labores de vigilancia y patrullaje para “restablecer la libre circulación y la paz en todo el país”, lo que consideraba un derecho constitucional de todos los nicaragüenses.
Para Javier Meléndez, experto en temas de seguridad, fue un juego de palabras que contradice el ejercicio represor que ejerce la institución policial en el territorio. “Inclusive llegaron al extremo de prohibir manifestaciones pacíficas, reafirmando así su control absoluto a un derecho humano, que es la protesta”, argumentó el especialista refiriéndose al impedimento de que se realizaran manifestaciones establecido desde septiembre de 2018.
En su defensa de los Ortega Murillo, el comisionado general Jaime Vanegas acusó en aquel momento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, de inflar las cifras de muertos en el contexto de las protestas. Según los informes de organismos internacionales, en Nicaragua murieron 355, y lo que siguió fue una de las crisis de derechos humanos más notables de la región.
En febrero de 2019, Vanegas confesó al medio noruego Dagbladet la participación de las autoridades en las operaciones realizadas contra la población. El jefe de la Policía, Francisco Díaz, y su inspector general dieron sorpresivamente una entrevista para hablar sobre los encapuchados o paramilitares que sembraron el terror en el país. El director policial habló sobre la “Policía voluntaria” en tono defensivo y el inspector general agregó: “quien dirige todas las acciones es un policía profesional y los policías voluntarios son de apoyo”.
DOS TESTIMONIOS SEÑALAN DE REPRESOR A VANEGAS
El exoficial de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Julio César Gallegos Espinoza, se negó a seguir reprimiendo a la población en 2018. Terminó encarcelado el 10 de agosto de ese año, cuatro días después de entregar el uniforme. Fue condenado a 25 años, vivió meses de terror hasta que salió producto de una amnistía en junio de 2019. Hoy se encuentra exiliado en España y responsabiliza a Jaime Vanegas y la cúpula policial por la situación del país.
Jaime Vanegas: Los pecados del vocero de la represión 7
“Vanegas no es diferente a otros jefes policiales como Francisco Díaz, en cuanto a reprimir con violencia y maltratar a sus subordinados se refiere. Todo lo horrible que se dice de Vanegas es cierto, pero antes del 2018 creí que era un hombre serio y respetuoso de la ley”, dice el expolicía Gallegos, quien describe al inspector general como un operador de la represión y la masacre de 2018.
El tik toker Kevin Monzón, de 23 años, crítico de la dictadura, fue detenido en tres ocasiones por las autoridades, antes de marcharse al exilio. Según su testimonio fue víctima de tortura física y psicológica.
En 2020, fue cuando conoció desafortunadamente al mismísimo Jaime Vanegas, a quien acusa de haberlo golpeado en el rostro. Entonces lo mandaron detenido al distrito V de la Policía en Managua. Siete días después, cuando recobró su libertad, el joven publicó una foto en redes sociales para identificar a su agresor, el jefe policial, una persona a quien describe como “llena de odio”. Finalmente, el perseguido político partió al exilio ante el acoso policial del que fue objeto.
“Tuve que salir de mi país por mi familia, porque tristemente no podía seguir ahí después de tantos allanamientos y acosos. Me fui con todo el dolor en mi alma, es un dolor tan fuerte que no se lo deseo a nadie, pero sé que un día regresaré a mi patria, pues estoy seguro de que muy pronto seremos libres”, sostiene Monzón, radicado actualmente en Estados Unidos.
El experto en temas de seguridad,Javier Meléndez, dice que la Policía sandinista ya tiene diversas sanciones de la comunidad internacional, debido a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión, y recuerda que todos los oficiales están sujetos a tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Esas convenciones o tratados indican claramente que, si una institución policial viola los derechos humanos, el Estado puede ser considerado responsable por incumplir sus obligaciones bajo estos tratados. Además, existen responsabilidades penales individuales para que los mandos altos e intermedios responsables de violaciones de derechos humanos puedan ser procesados penalmente a nivel nacional o internacional. Esto puede incluir a los agentes policiales directamente involucrados en la violación, así como a los superiores jerárquicos que hayan ordenado o permitido la violación”, afirmó Meléndez, cuestionando a la jefatura, en la que Vanegas, el vocero de la represión, tiene un papel destacado.