El gobierno de Alemania calificó de injustificadas las acusaciones de la dictadura sandinista de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que presentó el régimen de Daniel Ortega el pasado viernes.
«El Gobierno ha tomado nota de la demanda de Nicaragua contra la República Federal de Alemania ante la CIJ. El Gobierno va a presentar su postura en el proceso», dijo el viceportavoz del Ejecutivo germano Wolfgang Büchner.
El pasado 1 de marzo, la dictadura sandinista demandó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones a la Convención de Genocidio durante la guerra de Israel contra el grupo islamita Hamás.
La dictadura explicó que presentó la demanda ante la CIJ contra Alemania por violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales.
«Consideramos que las acusaciones son injustificadas y proporcionaremos más detalles en el proceso», recalcó en la rueda de prensa ordinaria de portavoces del Gobierno alemán.
Según la dictadura, Alemania faltó a los principios intransgredibles del derecho internacional humanitario y otras normas imperativas del derecho internacional general «en relación con el territorio palestino ocupado, en particular la Franja de Gaza».
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«Hasta la fecha, de una población de aproximadamente 2,3 millones de personas, al menos 29.782 palestinos han muerto en Gaza y 70.043 han resultado heridos, lo que suma más de 100.000 personas muertas, heridas o desaparecidas», mientras que 1,7 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza, indicó la dictadura.
Según la dictadura, con todas las noticias públicas y videos disponibles de las «atrocidades» tal como ocurrieron, junto con las declaraciones de funcionarios internacionales y con la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024; «Alemania no puede negar su conocimiento de la grave ilegalidad de la conducta de Israel».
La dictadura acusó a Alemania de brindar apoyo político, financiero y militar a Israel, «sabiendo, en el momento de la autorización, que el equipo militar se utilizaría para cometer violaciones graves del derecho internacional».