El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la organización de Naciones Unidas para Nicaragua (GHREN), señaló que, de acuerdo a datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), se identificó un movimiento migratorio de 935 mil personas que han abandonado Nicaragua.
“Estamos diciendo que tenemos un poco más de 874 mil personas solicitantes de asilo y sabemos que han obtenido el estatus de refugiados 64,424 personas”, expresó Ángela María Buitrago, integrante del GHREN.
El informe señala que 60,424 personas habían obtenido el estatus de refugiado entre 2018 y junio de 2023, “calificando la situación imperante en Nicaragua como una violación masiva de derechos humanos”.
“Se ha tratado de documentar e investigar qué número de personas están saliendo obligadas y también hemos mencionado el tema de que hemos encontrado algunos casos en los que existe exilio forzado”, añadió Buitrago en una conferencia de prensa.
El informe presentado este jueves en Ginebra, Suiza, señala que en todos los casos documentados por el Grupo, las personas que decidieron huir de Nicaragua sufrieron una o más violaciones o abusos documentados. En muchas ocasiones, las personas se vieron obligadas a huir debido a la exposición a un entorno intimidatorio o coercitivo.
“Seguimos profundizando de que necesitamos mirar cuáles son las situaciones que llevan a la movilidad de la migración en la región y estamos haciendo énfasis en qué situaciones obligan a las personas a movilizarse”, refirió Buitrago al respecto.
Instan a la comunidad internacional a garantizar acceso a identificación a refugiados
Ante la gran cantidad de personas que han abandonado Nicaragua en el marco de la represión de la dictadura sandinista, el informe del grupo de expertos recomienda a la comunidad internacional utilizar los resultados y conclusiones para garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatuto de refugiado.
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Además, aplicar los criterios más amplios para el reconocimiento del estatuto de refugiado, contenidos en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984.
En su informe, el GHREN señaló que el régimen dictatorial sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas, por lo cual la comunidad internacional debe seguirlo sancionando y valorar el cierre financiamiento, mientras continúe con tales patrones de represión.
“Ortega, Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.