Este 15 de febrero se cumple un año desde que la dictadura ordenó el despojo de la nacionalidad para 94 nicaragüenses, seis días después que desterrara a 222 presos políticos y los enviara a Estados Unidos. La mayoría de los desnacionalizados se encontraban fuera del país y fueron declarados culpables de traición a la patria por el régimen sandinista.
A través de un comunicado, los 94 desnacionalizados aseguran que con estas acciones no aplastarán su dignidad como nicaragüenses.
“Creían que con esas brutales acciones represivas aplastarían nuestra dignidad, nuestro espíritu de lucha y nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense. Le informamos a los dictadores que fracasaron”, aseguran en un comunicado.
Los desnacionalizados reiteraron que el régimen implementó una reforma constitucional que permite el despojo de la nacionalidad, pero que la misma aun no tenía vigencia por no encontrarse ratificada en segunda legislatura.
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“Con su desfachatez habitual montaron una farsa aplicando leyes que no existían, falsificaron expedientes, dictaron sentencias sin juicios y aplicaron penas expresamente prohibidas. El colmo es que la «ley» de reforma constitucional que sirvió de base a la imposición de la pena de pérdida de nacionalidad entró en vigor hasta en enero del 2024, según el texto oficial recién publicado”, reiteraron.
Reconocen daños provocados por la dictadura
Los nicaragüenses firmantes del documento reconocieron que, aunque la medida de la dictadura carezca de asidero legal, si provocó daños en las vidas de las víctimas. A todos se les aplicó la pérdida de sus documentos de identidad, propiedades y cuentas bancarias en Nicaragua.
“No podemos negar que las medidas dictadas provocaron trastornos a nuestras vidas, de por sí ya quebrantadas por la persecución, el encarcelamiento y el exilio. También han provocado sufrimiento en nuestras familias. Pero hemos afrontado las adversidades con dignidad y sin doblar las rodillas. Y aquí estamos, con nuestra moral y nuestro compromiso intactos”, afirman.
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Sin embargo, agradecieron al estado español que otorgó la nacionalidad a los desnacionalizados y a los demás estados que acogen a exiliados nicaragüenses
“Reafirmamos al pueblo nicaragüense que no descansaremos hasta que podamos cerrar este capítulo nefasto de nuestra historia y salir de una vez por todas de esta camarilla mafiosa. Nicaragua volverá a ser república en democracia, con justicia y oportunidades para todas y todos”, concluye el comunicado.
El 15 de febrero de 2023, en un procedimiento arbitrario y fugaz, el juez Ernesto Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones, al servicio de la dictadura, ordenó el despojo de la nacionalidad y de los bienes de 94 exiliados, a los que ha declarado «prófugos».
Entre los acusados de «traidores a la patria», al igual que a los 222 desterrados a EEUU, figuran periodistas como Álvaro Navarro, director de Artículo66, Lucía Pineda, directora de 100%Noticias, el director de Café Con Voz, Luis Galeano. De igual forma en la lista, se agregaron catedráticos como el doctor Ernesto Medina, ex rector de la UAM, el escritor Sergio Ramírez, la poetisa Gioconda Belli; la opositora Irlanda Jerez y el obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, exiliado en Miami después que el Papa Francisco le pidió salir del país en 2019.