Los congresistas María Elvira Salazar y Chris Smith, presentaron la Ley de Restauración de la Soberanía y Derechos Humanos en Nicaragua de 2024 (HR6954), para imponer nuevas sanciones a la dictadura sandinista.
La propuesta aborda la represió del régimen contra la Iglesia Católica, que ha dejado a almenos 18 religiosos privados de libertad, la mayoría secuestrados en diciembre de 2023.
La propuesta legislativa surge luego de una audiencia conjunta que Smith y Salazar copresidieron en marzo de 2023, donde se examinaron las violaciones de derechos humanos de la dictadura sandinista.
La propuesta contempla
- Imposición de fuertes sanciones económicas contra el régimen de Ortega-Murillo en respuesta a la represión contra la Iglesia Católica y prisioneros políticos.
- Mejora de las sanciones a sectores económicos generadores de ingresos para la familia Ortega.
- Revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR).
- Prohibición de nuevas inversiones de los Estados Unidos en Nicaragua.
- Exigencia a la Administración Biden de implementar una estrategia diplomática coordinada para restringir inversiones y préstamos que beneficien al Gobierno de Nicaragua.
- Renovación y fortalecimiento de leyes existentes, como la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 y la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER) de 2021.
La medida se da en el contexto en el que la dictadura ha secuestrado a más sacerdotes y disidentes, en una ola de secuestros que se incrementó en diciembre de 2023.
Unas 119 personas permanecen bajo secuestro por razones políticas, según la última actualización del Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas, que cubre hasta el 31 de diciembre del pasado año, 2023.
De ese total, unos 109 fueron encarcelados posterior al inicio de la crisis en 2018, y 10 cumplen prisión desde antes incluso. Hay 100 varones y 19 mujeres cumpliendo prisión política; 15 en máxima seguridad, 64 condenados, 23 procesados, 21 detenidos y 2 desaparecidos.