El consejo de la Unión Europea aprobó una extensión de las sanciones contra la dictadura sandinista por un año más, es decir, hasta el 15 de octubre de 2023, reafirmando el deterioro de la institucionalidad en Nicaragua.
El Consejo insistió en que la única vía para resolver la situación en Nicaragua es un diálogo con la oposición.
“La UE reafirma su compromiso permanente con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La actual crisis política en Nicaragua debe resolverse mediante un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición”, señala la nota del Consejo.
Las sanciones fueron implementadas en 2019 y afectan a 21 personas y tres entidades. La lista es encabezada por la vocera de la dictadura, Rosario Murillo.
Además de Rosario Murillo, también están sancionados sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; Bayardo Arce, asesor económico régimen y los jefes de alto rango de la Policía, Fidel Domínguez y Juan Valle Valle.
Los sancionados son los magistrados del Consejo Supremo Electoral de la dictadura, Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell; la directora de Telcor, Nahima Díaz, hija del jefe de la Policía Sandinista Francisco Díaz; y Luis Ángel Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos.
Además, Francisco Díaz, director de la Policía Sandinista; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Luis Pérez Olivas, ahora exdirector de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la institución.
En tanto, las entidades sancionadas son la Policía Sandinista, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).