Casi treinta secuestrados políticos trasladados al Sistema Penitenciario Jorge Navarro y la cárcel de Mujeres, sostuvieron visitas en los últimos días y lograron ver a sus familiares, específicamente los que fueron trasladados del Distrito III de la Policía Sandinista en Managua.
Ivania Álvarez, excarcelada política y actualmente en el exilio, aseguró a Café con Voz que logró comunicarse con familiares de los presos políticos y le confirmaron que la visita corresponde a la que por ley debe permitírseles a los reos una vez han sido trasladados de centros de detención al Sistema Penitenciario.
“Con familiares que he hablado me comentaron que ya les otorgaron su visita después de haber sido trasladados de un distrito. Esta visita dura alrededor de 30 minutos”, dijo.
Sin embargo, Álvarez aseguró que este derecho no les fue otorgado en cuanto fueron trasladados.
“El último traslado que conocimos fue el de Víctor Ticay por lo que ya no hay nadie de los capturados en abril en el Distrito III”, expresó.
“A todos ya se les otorgó, pero no en el mismo día porque depende de qué tan rápido el reo anote a quienes los van a visitar”, añadió.
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La dictadura sandinista continúa encarcelando nicaragüenses. En el último mes habría secuestrado a 17 ciudadanos, según datos actualizados del mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas.
Las personas que se agregan a la lista en su mayoría fueron detenidas arbitrariamente durante la escalada represiva por las celebraciones religiosas de Semana Santa, la conmemoración del quinto aniversario de la rebelión de abril 2018 y las detenciones masivas a opositores y personas activistas políticas que aún permanecían en el país y que estaban organizadas en algún espacio social o político.
Hasta su cierre en junio de 2023, la instancia no gubernamental registró 64 personas reconocidas como presas políticas, diez de estas mujeres y 54 hombres, incluyendo a 10 personas secuestradas antes del estallido de la crisis sociopolítica.
Según el Mecanismo, entre el 8 de mayo y 19 de junio de 2023 se registraron 33 detenciones por motivaciones de persecución política, de las cuales 12 continúan en cárcel.