Bajo las órdenes de la dictadura, a través de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, la Procuraduría General de la República, al servicio del régimen, confiscó bienes a los 222 desterrados políticos que la dictadura envió a Estados Unidos en febrero de 2023.
Según un oficio con fecha del 19 de mayo pero hecho público hasta este 9 de junio, el régimen consumó la confiscación de los bienes de los 222 desterrados.
En el oficio dirigido a Wendy Morales, titular de la Procuraduría, entidad utilizada para confiscar, se notifica que “se ordenó la deportación inmediata y la pérdida de nacionalidad nicaragüense y otros de las 222 personas sentenciadas por cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo, así como por incitar a la violencia, el terrorismo y a la desestabilización económica”.
Además, señala que los ex secuestrados políticos “lesionaron intereses supremos de la nación y por ello fueron declarados traidores a la patria”.
Por otro lado, la confiscación no solo incluye propiedades, sino que también las empresas y acciones a nombre de los desterrados.
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“Se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua, de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos a su favor en los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica; asimismo, se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y sociedades mercantiles que los condenados tengan”, añade.
El 9 de febrero, la dictadura confirmó la deportación de 222 secuestrados políticos nicaragüenses, condenados por la justicia del régimen sandinista.
La dictadura los declaró traidores de la patria y le suspendió sus derechos ciudadanos de forma perpetua, inhabilitándolos para optar a cargos públicos.
El régimen oficializó la medida a través de una conferencia de prensa en el Complejo Judicial Central de Managua, leída por el juez Octavio Rothschuh.
“Dichas personas ya fueron deportadas del país, por lo cual se giraron los oficios respectivos al ministerio de Gobernación, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo de su cargo. Cumplase y notifíquese, todo ello en cumplimiento a la resolución dictada el 8 de febrero del 2023, se ordenó la deportación inmediata a 222 personas por «Cometer Actos que Menoscaban la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación del Pueblo, por Incitar a la Violencia, al Terrorismo y a la Desestabilización Económica», pero además por lesionar los intereses supremos de la nación, establecido en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”, señaló el funcionario sandinista.