Voces en Libertad
Allegados a la familia del periodista Víctor Ticay, señalan que sus padres y hermanos, siguen sin conocer las condiciones en que se encuentra el comunicador, luego de su ilegal detención el Jueves Santo pasado.
Al periodista lo llegaron a sacar de su casa, personas vestidas de civil con el engaño de solicitar su apoyo para un servicio social. Una vez que salió, llegó rauda una patrulla policial y se lo llevó. Aunque la policía del régimen no informa sobre los motivos de la detención pese a que ya pasaron las horas de ley, se cree que los represores lo secuestraron después que el periodista, hacía su trabajo durante las actividades religiosas de su municipio.
Según amigos y vecinos de la familia del corresponsal de Canal 10 en el municipio de Nandaime, su mamá Cándida Ruiz, una señora de más de 70 años vive momentos de angustia, porque ningún agente policial le informa cuál es la situación de su hijo, no puede verlo, ni le dicen si lo dejarán libre.
“Víctor Ticay es uno de los periodistas más reconocidos del pueblo de Nandaime, sus notas siempre las transmitía por Canal 10. El Miércoles Santo fue su última cobertura en la tradición religiosa conocida como La Reseña, yo no veo ningún delito que haya grabado esa actividad religiosa, espero que lo liberen pronto porque teníamos la esperanza que lo dejaran libre después de Semana Santa”, expresó un poblador de Nandaime bajo estricto anonimato.
En el perfil de Facebook del periodista Víctor Ticay, ningún amigo ni poblador del municipio de Nandaime manifiesta su solidaridad y ni condena a su arresto, ante el temor de ser encarcelado por la policía sandinista. “Claro que hay inconformidad, pero el que habla va preso. Esto no se aguanta”, señala el nandaimeño.
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Otros que permanecen detenidos son los profesores Emmanuel Gutiérrez y Jimmy Bonilla, quienes fueron arrestados el Miércoles Santo, luego de participar de una procesión “exprés” de la parroquia Santa Ana de Nandaime.
Dictadura violenta el derecho a ejercer periodismo
Con hoy, transcurren más de ocho días de la detención del comunicador que también dirigía en redes sociales la plataforma informativa La Portada. Hasta este día, ni las autoridades de gobierno, ni del canal al que le trabaja Ticay Ruiz, se han manifestado, el primero sobre su caso y el segundo a favor de su corresponsal.
La televisora ni siquiera dio a conocer a su público la detención de su periodista ante el temor de que el régimen se volcara contra ellos. No hace mucho, la empresa informativa sacó de su agenda de cobertura, los hechos sociopolíticos del país y se limita a difundir sucesos y notas en las que los ciudadanos solicitan ayudas sociales.
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El periodista Sergio Marín Cornavaca, director del medio digital La Mesa Redonda, considera que el régimen Ortega-Murillo inició en Nicaragua una nueva arremetida en contra de los comunicadores independientes con la detención de Ticay, porque violenta su derecho de ejercer el periodismo. “Dar cobertura a una actividad religiosa no constituye ningún delito”, criticó Marín Cornavaca.
“El régimen de Ortega también violenta el derecho elemental de la vida del comunicador al mantenerlo detenido, sin informar a sus familiares dónde se encuentra y tampoco presenta ninguna acusación en su contra”, remarcó el comunicador desde el exilio forzado en el que vive, ante el temor de ser encarcelado.
El veterano periodista dice alzar su voz para que los organismos de derechos humanos internacionales hagan presión en favor del periodista detenido injustamente y denuncien con evidencia, cómo en Nicaragua se silencian las voces independiente y solo se permite la prensa que complace al régimen.
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Exigen su liberación inmediata
El movimiento de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, (PCIN), fue una de las primeras organizaciones en pronunciarse, para exigir la liberación inmediata del periodista. El organismo señaló que la detención de Ticay, es una medida represiva del régimen de Ortega-Murillo y una criminalización a la labor periodística.
A la demanda de libertad del comunicador, también se sumó el gobierno de los Estados Unidos, quien denunció que “el régimen Ortega-Murillo continúa oprimiendo a los nicaragüenses que ejercen la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias, entre otros derechos humanos esenciales”, según declaró un portavoz del Departamento de Estado de ese país a la Voz de América.