Voces en Libertad
Los pocos representantes de pueblos originarios que ejercen cargos públicos en Nicaragua buscan visibilizar y poner en la agenda nacional la problemática de la invasión de colonos en tierras comunales. Noe Coleman, diputado suplente ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) remitió una carta de tres páginas al presidente Daniel Ortega donde expone la situación.
Relata, por ejemplo, que en la comunidad Sauni As, los colonos son los principales autores de hechos violentos contra los indígenas por el “deseo egoísta de acumulación de tierras”. Como resultado de este hecho, cuatro personas resultaron asesinadas, indica la misiva.
También hace referencia a la masacre en Kiwakumbay en donde asesinaron a más de nueve indígenas, incluido el líder Salomon López Smith de Muskuswas, y el ataque en la comunidad Wilu donde murieron seis personas y quemaron 20 casas.
El diputado le explica a Ortega que los “colonos son impulsados por vendedores ilegales de tierra como madereros, ganaderos, campesinos y mineros, que con sus recursos económicos pagan y financian la migración de campesinos para que tomen posesión por la fuerza e ilegalmente de las tierras indígenas y afrodescendientes para luego venderlas”.
Plantean solución
Coleman propone al gobierno 11 alternativas para la solución de este conflicto. Entre ellos, la urgencia de “la quinta y última etapa del proceso de demarcación y titulación, denominado saneamiento de los territorios indígenas y étnicos”. Asimismo solicita que el Gobierno, imponga restricciones a comunidades mestizas asentadas ilegalmente en territorios indígenas.
Pide además que el Ejército de Nicaragua, multiplique su presencia en la zona de conflicto para proteger a las comunidades nativas de la zona. Y a la policía que garantice la identificación, persecución y captura de bandas armadas que operan en la zona.
“La Procuraduría General de la República debería librar una orden o resolución que declare la nulidad de todas las cesiones de derechos y todo documento administrativo librado por algún funcionario regional, municipal, que no esté certificada y avalada por la autoridad comunal o territorial correspondiente”, demanda en otro de los puntos de la carta.
Ortega prometió ocuparse
Hace algunos meses, el diputado propietario ante la Asamblea Nacional Brooklin Rivera habló personalmente con Ortega durante un encuentro político en Managua. Allí el parlamentario le expuso la situación del Caribe y el mandatario estuvo receptivo a tomar cartas en el asunto. Pero hasta ahora, eso ha quedado en promesa.
Rivera indica que delegaciones del gobierno han hecho visitas a los territorios para hacer un “diagnóstico” pero no permiten la participación de los liderazgos locales. “Las comunidades tienen que ser parte porque son las afectadas”, apuntó.
Previo a la Semana Santa, Rivera también conversó con el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, a quien le pidió “echar una mano” para detener la problemática”. “He hablado con el presidente Porras y él me prometió apoyar en las gestiones para echar a andar. Eso significa que cada oportunidad estamos aprovechando para estar encima de esas acciones del saneamiento, porque es una demanda principal”, dijo el diputado.
Ley en papel mojado
En principio, la solución a la violencia en el Caribe pasa por tener voluntad política y además hacer cumplir la ley 445, ley del regimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indigenas y Comunidades Etnicas de las Regiones Autonomas de la costa Atlántica de nicaragua y de los rios Bocay, Coco, Indio y Maiz.
En este sentido, el Colectivo de Derecho Humanos Nicaragua Nunca Más considera que “el Estado (de Nicaragua) es un agente que ha provocado los desplazamientos forzados de la población (indígena) producto del tráfico de tierras amparado por la misma Procuraduría General de la República y el Ejército”.
“Han estado con las municipales titulando esas tierras; lo que hemos visto es que los abusos no se investigan y por el contrario, la fomentan. Sabemos que hay negocios de tierras y hoy por hoy Daniel Ortega y su cúpula de poder está erosionando lo que queda de los territorios indígenas”, plantea Carlos Guadamuz del Colectivo.
Adicionalmente, ni siquiera las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho que el Estado ponga cartas en el asunto. “Por el contrario, las estructuras paraestatales que existen en el país están en la Costa Caribe ocasionando violencia, desplazamiento forzado y por eso vimos en el 2020 y 2021 bastante recurrencia de masacres”, apunta el abogado.
Cabe mencionar que el Estado de Nicaragua ha mantenido una postura hermética sobre esta situación.