El informe anual de Amnistía Internacional relacionado al año 2022, destacó la crueldad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, lo cual demuestra la profundización de los patrones de represión, que han tenido como resultado la comisión de crímenes de lesa humanidad, tal y como lo han señalado expertos de derechos humanos de Naciones Unidas.
El informe señala que en Nicaragua, hasta diciembre del año pasado, la dictadura canceló la personería jurídica de al menos 3,144 organizaciones, cerró al menos 12 universidades, encarceló a periodistas y hostigó a personas que ejercían el activismo político y pertenecían a la oposición.
“En febrero de 2023, el gobierno sometió a exilio forzado a más de 222 personas y despojó de su nacionalidad a más de 300; entre ellas figuraban personas destacadas del ámbito de la defensa de los derechos humanos, la literatura y el periodismo”, señala Amnistía Internacional.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, señaló que existe un patrón a nivel global con el objetivo de eliminar la disidencia.
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“En 94 países documentamos casos de torturas a personas en detención o por participar en protestas. Estamos exigiendo la adopción de un tratado de comercio sin tortura”, refirió.
“Las respuestas de los Estados están menoscabando los derechos humanos. El informe anual pone en evidencia que, pese a las promesas de seguridad, avance social y protección del medioambiente, los gobiernos han dado la espalda a la población”, añadió.
Tamara Dávila: “De la represión nadie se salva”
La excarcelada política, Tamara Dávila, participó en un conversatorio organizado por Amnistía Internacional y expuso la situación de Nicaragua en la que el régimen persigue a los ciudadanos aunque no sean críticos.
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Dávila es una de las 222 personas que el régimen excarceló y desterró por ser críticos a la dictadura.
“Al régimen no le basta con encarcelar y torturar, sino que ahora destierra y elimina jurídicamente a sus ciudadanos. Borra identidades, niega documentos de identificación y, en algunos casos, les quitan los apellidos a los menores de edad. El destierro y la despersonalización son las nuevas prácticas del régimen”, dijo Dávila.
Además, expuso la preocupación de madres excarceladas con relación a la situación de sus hijos.
“Mi hija no tiene madre, he dejado de existir en mi país. De esta nadie se salva. Cualquiera puede ser sujeto de represalias, nadie está a salvo, como bien describió el Grupo de Expertos”, añadió.