Las violaciones de derechos humanos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega se volvió a abordar en el Consejo Permanente de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo el destierro y despojo de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses por parte del régimen sandinista.
El 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, que se desarrollará del 27 de febrero al 4 de abril inició con un debate de alto nivel con jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, en el que Costa Rica, Chile y Paraguay elevaron sus voces por la situación de Nicaragua.
Arnoldo André Tinoco, canciller de Costa Rica, calificó a Nicaragua como una “democracia en decadencia que ha amañado elecciones y reducido sus poderes judiciales y legislativos a la categoría de simples marionetas del tirano en ejercicio, y que han expulsado a quienes tildan de disidentes al destierro y a la apatridia”, señaló.
“En este sentido, nos continúa preocupando especialmente la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, agregó Tinoco.
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El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Julio César Arriola, dijo en la sesión que siente consternación de su gobierno por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
“Un país donde el espacio cívico está siendo particularmente afectado con represiones sistemáticas y detenciones arbitrarias a oponentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y el cierre de más de dos mil organizaciones no gubernamentales”, señaló.
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A la vez, abogó por la renovación del contrato del Grupo de Expertos independientes para documentar las violaciones a Derechos Humanos en Nicaragua.
“Es obligación moral del Consejo de Derechos Humanos enviar un mensaje claro a las víctimas para que ellas sepan que no están solas y que el sistema las acompaña”, añadió.
En la agenda del 52 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se incluye la presentación del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que inició sus documentaciones en marzo de 2022, pese a no haber contado con el permiso de ingreso al país centroamericano por parte de la dictadura.