Por Guillermo Belt. Las democracias de América Latina y las de países del Caribe angloparlante en la OEA, haciendo honor a sus principios consagrados en tratados internacionales, tienen la obligación de salir en defensa efectiva y no solo retórica del supremo derecho de los nicaragüenses a vivir en libertad y disfrutar de todos los derechos fundamentales que ellas, las democracias, están obligadas a proteger.
Los Estados Miembros de la OEA, cuyos Cancilleres se reúnen en Lima del 5 al 7 de octubre, no ignoran la gravísima situación del pueblo nicaragüense ante los más recientes atropellos por parte del régimen ilegítimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es de dominio público el grave peligro para la salud y la vida de personas encarceladas mediante juicios sin garantías procesales, consideradas por la comunidad internacional, con toda justicia, como presos políticos.
También es de público conocimiento la represión en días recientes contra universidades, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, privándolas de su personería jurídica, seguida por la confiscación de sus bienes. Los países vecinos reciben a diario a centenares de ciudadanos de Nicaragua que abandonan su tierra en busca de libertad, entre ellos periodistas que no pueden ejercer su profesión ante su ausencia total.
Todo el mundo está enterado del asedio a la iglesia católica y a sus fieles que culminó con el secuestro de Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, hasta hoy en paradero desconocido luego de ser sacado por la policía de su curia y trasladado a Managua. La dictadura prohíbe manifestaciones religiosas de antigua tradición, e irrumpe en iglesias con policías y civiles enmascarados para amedrentar a los creyentes.
La situación en Nicaragua no admite más demoras por parte de la OEA. Basta de comisiones de alto nivel cuyo mandato de imposible cumplimiento es hacer razonar a una dictadura que comienza por denunciar la Carta de la OEA y anunciar su retiro de la Organización. La dictadura Ortega-Murillo no puede ofrecer ni aceptar soluciones que la lleven a someterse a la voluntad popular, como se hace en democracia. La dictadura perdió al pueblo cuando asesinó a centenares de civiles desarmados en las calles de Managua y otras ciudades en abril de 2018. Perdió al pueblo cuando convocó elecciones manifiestamente amañadas y los votantes vaciaron los centros de votación y las calles en noviembre de 2021, haciendo evidente el fraude electoral ante los ojos de la OEA y del mundo. Comunidad Internacional deberá presionar más a la dictadura en Asamblea General de la OEA
Es hora de sancionar a los criminales que matan, torturan y reprimen en Nicaragua con toda la fuerza de las democracias latinoamericanas y caribeñas. No vale más la excusa fácil de culpar a los Estados Unidos por imponer sanciones más bien cosméticas.
Ante el fracaso evidente de la OEA en sus intentos conciliatorios anteriores sólo cabe, por respeto a sí misma y para evitar su mayor desprestigio, adoptar sanciones diplomáticas, económicas y financieras, y mantenerlas con todo rigor hasta que ceda la dictadura ante la presión de las democracias regionales, o mejor aún hasta que abandone el poder que detenta ilegalmente y recupere sus libertades fundamentales el pueblo nicaragüense. El autor es ex asesor de la Secretaría General de la OEA.