La dictadura cubana aprobó el domingo una reforma al Código Penal que prevé, entre otros asuntos, sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios.
El Parlamento de la dictadura cubana o lo que ellos denominan la “Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP)”, aprobó el nuevo código, que entrará en vigor dentro de 90 días cuando sea publicado en la Gaceta Oficial de la República y que incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones producidas en grupos o individualmente”.
Además tipifica como delitos de “sedición” a quienes se manifiesten o realicen acciones de “desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; o difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado Cubano”.
De igual manera penaliza la participación en “actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”
También prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
La norma incrementa la pena a hasta 30 años de cárcel en los delitos de espionaje y el intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero.
Los diputados del régimen aprobaron el proyecto en una sesión en la que estuvieron presentes los dictadores Miguel-Díaz Canel y Raúl Castro.
Más persecución y represión “legalizada”
La dictadura aprobó estas reformas, diez meses después de las masivas protestas que estremecieron a Cuba en julio de 2021, consideradas las mayores manifestaciones contra el régimen comunista en seis décadas.
“Habrá restricciones en Internet y, por consiguiente, en nuestra sociedad, que ya es bastante reprimida, y se va incrementar ese hostigamiento y esa represión contra todos los cubanos”, dijo la opositora Martha Beatriz Roque.
“No solo contra los que disienten (la reforma), contra los que se oponen, contra los familiares de los presos políticos. Es contra todos los cubanos, que tienen que pensar muy bien qué es lo que ponen en Internet, porque cualquier cosa que escriban puede llevar una sanción, según la nueva legislación”, añadió.
En la mira proyectos y presa independiente
Otro de los asuntos que más se han debatido entre la sociedad civil cubana es el artículo mediante el que se prohíbe el financiamiento externo. Activistas han denunciado que esta reforma busca silenciar la protesta social y la prensa independiente.
La reforma al código prevé sanciones de hasta 10 años de prisión a quien «apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros» de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para «sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional“, apunta el documento.
“No recibir pago del extranjero. Un periodista independiente en Cuba estaría loco si pensara trabajar para los medios nacionales. Y, entonces, una cosa internacionalmente aceptada como es colaborar con un órgano de prensa radicado en el extranjero, en Cuba crean un precepto para perseguir esto”, indicó el jurista independiente, René Gómez Manzano. Puede interesarle Normas Jurídicas en Nicaragua carecen de fundamento legal