El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández escuchó este miércoles ante un juez designado por la Corte Suprema de Justicia, los cargos por narcotráfico que le imputa Estados Unidos y por los cuales el lunes solicitó un «formal arresto provisional», con fines de extradición.
El mismo juez le dictó «detención provisional», que deberá cumplir en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue enviado después de su captura el martes en su domicilio en Tegucigalpa, y le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia, para «evacuación y elementos de pruebas», dijo a los periodistas el portavoz del poder Judicial, Melvin Duarte.
Hernández, cubierto su rostro con mascarilla, lentes claros, sin esposas y saludando con su mano derecha levantada a empleados del poder Judicial apostados en pasillos, ingresó fuertemente resguardado por policías hacia las 10:00 horas a la sala del Supremo donde le esperaba un juez y su equipo.
Así se iniciaba el proceso de solicitud de extradición, por narcotráfico, del primer expresidente de Honduras, cuyos ocho años de mandato fueron salpicados por múltiples denuncias de presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico, sin que ninguna autoridad judicial de su país procediera en su contra.
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Hernández con mínimo apoyo
Al mismo tiempo que ingresaba a la sede del Supremo, en las afueras activistas del conservador Partido Nacional, bajo cuya bandera Hernández llegó al poder, le expresaban su apoyo coreando consignas y mensajes en pancartas como «Juan Orlando Hernández estamos contigo» y «Estamos apoyando a Juan Orlando y su familia».
Por un momento la situación afuera se calentó con la llegada de un grupo de activistas del ahora gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que estuvieron a punto de irse a una batalla campal con los seguidores de Hernández, lo que evitaron los policías de resguardo de todo el edificio del Supremo.
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Tres cargos para el exmandatario
La solicitud de extradición de EE.UU. en contra del expresidente era algo por lo que muchos hondureños clamaban, y otros esperaban ansiosos ante las crecientes denuncias por presuntos delitos de corrupción y narcotráfico, tanto en su país, como en Nueva York.
Por eso, al conocerse la solicitud que hizo el lunes la Embajada de EE.UU. de «formal arresto provisional de un político hondureño», y su posterior ejecución, el martes, un desbordante júbilo se hizo sentir en Honduras, un país de 9,5 millones de habitantes de los que el 70 por ciento viven en la pobreza, según diversas fuentes.