La Casa Blanca oficializó este miércoles 10 de noviembre, que el presidente estadounidense Joe Biden, firmó la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021″ o la «Ley RENACER», que impone sanciones a la dictadura de Daniel Ortega.
“Gracias a los senadores Menéndez, Rubio, Kaine, Durbin, Murphy, Cardin y Cruz y a los representantes Sires, Salazar, Green, Wasserman Schultz, Murphy, Díaz-Balart, Soto, Vargas y Deutch por su liderazgo”, dice un breve comunicado de la Casa Blanca.
El pasado 1 de noviembre, la Ley Renacer y sus enmiendas fue aprobada por el Senado de Estados Unidos. Según la publicación, las enmiendas técnicas buscan permitir la rápida consideración por parte de la Cámara de Representantes de la Ley Renacer.
El pasado 7 de noviembre, día en que se consumó la farsa electoral de la dictadura de Daniel Ortega, Biden rechazó los comicios y los tildó de “pantomima”
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“Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente tampoco fue democrática”, señala un pronunciamiento de Biden.
Estos son los alcances de la Ley Renacer:
- Expandir la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios;
- Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones selectivas para promover elecciones democráticas, incluyendo una revisión de ciertos nicaragüenses que han desmantelado la posibilidad de tener elecciones libres, justas y transparentes;
- Urge a que la Administración Biden examine la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA);
- Requiere coordinación de sanciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea;
- Agrega a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción;
- Requiere informes clasificados sobre la corrupción perpetrada por el gobierno del Presidente Ortega y su familia, al igual que las actividades rusas en Nicaragua;
- Requiere la presentación de informes sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA); y
- Requiere informes sobre los abusos de los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.