La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó este jueves 28 de octubre, el informe “Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua», en el que expone la grave crisis sociopolítica y de derechos humanos de cara a los comicios organizados por Daniel Ortega, para reelegirse, mismos que a su consideración, carecen de condiciones.
La CIDH expone que la concentración de poder Ortega, ha facilitado que el país centroamericano se convierta en un Estado policial, ejerciendo vigilancia, control y represión.
“No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”, expone el informe.
Según la publicación, la organización de derechos humanos constató que la represión se ha intensificado a través de detenciones arbitrarias y criminalización de más de 30 opositores, siete de ellos precandidatos a la presidencia.
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“En ese sentido, durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría, defensoras, líderes de opinión y/o opositoras al Gobierno, líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales”, señala.
La CIDH alertó que a través de la eliminación de espacios de expresión y la anulación de personerías jurídicas de tres partidos políticos, la dictadura sandinista busca perpetuarse en el poder mediante elecciones que no dan garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad.
CIDH destaca pacto Alemán – Ortega
El organismo expuso en el informe que la concentración de poder fue producto del pacto entre el exmandatario Arnoldo Alemán Lacayo y el actual dictador Daniel Ortega, en el que se instauró el bipartidismo para facilitar la cooptación de altos cargos de la administración pública.
“El proceso de concentración del poder en el Ejecutivo se intensificó en el año 2007 al asumir Daniel Ortega su segundo mandato y se consolidó a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018”, dice parte del informe.
La CIDH constató que debido a la concentración de poder y la falta de independencia de los poderes del Estado, en 2010 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia permitió a Ortega que participara en los comicios generales de 2011, pese a la prohibición establecida en la Constitución Política de Nicaragua.
“Posteriormente, mediante una reforma constitucional, la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida (…) La Corte IDH estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, añade el informe.
CIDH expone aparatos de vigilancia en poderes del estado
Según la CIDH, el control del régimen de Daniel Ortega no hubiera sido posible sin la estrategia de seguridad y vigilancia en las instituciones públicas y comunidades a través de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.
“La Comisión ha identificado, entre otros, hostigamientos y represión contra cualquier persona considerada como opositora al Gobierno, el uso arbitrario de la fuerza letal y no letal que derivó en violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión”, detalla.
Nicaragua pierde oportunidad de transición democrática
Según la CIDH, las elecciones generales de noviembre de 2021, representaban la posibilidad de iniciar un restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, pero que la represión desatada por la dictadura hace que el proceso no cumpla con los estándares interamericanos.
“El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes”, señala el informe.