La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó visitas a siete de los 36 secuestrados de la oposición presos en el «nuevo Chipote» acusados por supuesta «conspiración», algunos de los cuales tenían más de 90 días de no tener ningún contacto con sus familiares.
La Fiscalía de Ortega, indicó en uno de los machotes que usa para difundir sus mentiras y justificar la fabricación de deli, que entre los que lograron ver a sus familiares este martes están los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, José Pallais, los extrabajadores de la FVBCH Marcos Fletes y Walter Gómez, así como Dora María Téllez,.
«A partir de hoy se empezaron a realizar visitas de los familiares a las personas detenidas por los procesos señalados en comunicaciones anteriores», dice el machote ordenado por la dictadura que agrega falsamente que han “respetado en todo momento, los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas.» Los abogados y familiares de los secuestrados han denunciado la violación a sus derechos.
El hermano de Téllez, el abogado Óscar Téllez dijo a la agencia The Associated Press que conversó con su hermana y la observó «muy delgada y muy pálida, porque no reciben sol más que un día a la semana».
“Mi hermana ha perdido 12 libras de peso. No ha sido maltratada, pero tampoco está bien tratada, porque está en aislamiento total como el resto de las presas y presos políticos. No pueden verse ni conversar entre ellos”, aseguró Óscar Téllez a The Associated Press.
Un familiar de Juan Sebastián Chamorro, dijo que lo vieron bien «en lo posible, aunque ha bajado bastante de peso».
De los 36 secuestrados políticos en la más reciente ola represiva de la dictadura, 30 han sido detenidos al amparo de la Ley 1055 o «Ley de Soberanía» y sometidos a noventa días de investigación, que al vencerse los han dejado expuestos a ser acusados por alguno de los 18 delitos contemplados en el Código Procesal Penal (CPP) por presuntos actos de “traición a la patria”, delitos que comprometen la paz y delitos contra la Constitución política, que remite la Ley 1055. Leer Amnistía Internacional denuncia “desaparición forzada” de opositores en Nicaragua
En este caso, el artículo 410 del Código Penal citado por la Fiscalía, dice que “quien realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo, en parte a dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano independiente, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo período por el desempeño de función, empleo o cargo público”. Te puede interesar “Quienes ordenan y ejecutan secuestros; y los que enjuician a opositores, pagarán por delitos”