La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió éste jueves dejar caer la guillotina autoritaria sobre 15 organismos no gubernamentales a las que les canceló su personería jurídica, muchas de las cuales realizaban trabajos comunitarios y educativos en diferentes partes del país.
La cancelación fue aprobada con 70 votos a favor de los sirvientes de Ortega y Murillo, uno en contra, 13 abstenciones y 6 presentes. Con estas 15 organizaciones, suman ya 48, las que han sido canceladas por el régimen orteguista en los recientes días.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez uno de los autores de la quema de Radio Darío en León, informó que la directora del departamento de registro y control de asociaciones del Ministerio de Gobernación, Franya Urey Blandón, remitió al parlamento un informe en el que se solicitó la ilegalización de las ONG debido a que supuestamente han incumplido con sus obligaciones legales y estatutarias.
Según lo indicado por Rodríguez las organizaciones habrían “desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa, obstaculizando la labor de control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob”.
Además, el Migob señaló que las ONG no han reportado los estados financieros entre 2006 y 2020 con sus desgloses detallados, y tampoco presentaron los convenios con sus donantes sobre sus proyectos y actividades, «que definan claramente fuente de financiamiento, cartera de proyecto, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de cada una de las entidades sin fines de lucro»
También señalaron que las ONG no presentaron los documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y soporte de ingreso, la buena reputación de sus beneficiarios y de sus organismos asociados, entre otros, de acuerdo con la información.
Alegó, por tanto, que esas omisiones «constituyen causales suficientes para proceder a la cancelación de la personalidad jurídica» de esas ONG.
Las organizaciones que fueron despojadas de su personería jurídica son: el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (INIEP), Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS) y la Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (CEGODEM), Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG-NICARAGUA), Fundación Diakonía Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, Fundación Médica Nicaragüense Dra. Concepción Palacios (FUMEDNIC), Fundación Mejía Godoy, Fundación Xochiquetzal, Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES), Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka – Jalapa (OYANKA) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RED LOCAL).
Muchas de ellas, con muchos años de operar en Nicaragua, han venido realizando trabajos de desarrollo comunitario y con énfasis en educación en zonas urbanas y rurales del país.
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia acción
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, emitió un comunicado repudiando la acción de la dictadura de cancelar la personería jurídica a las 15 ONG’s. «Exigimos el cese de la represión ejecutada contra las organizaciones de la sociedad civil y que el gobierno cumpla su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y garantías constitucionales, así como lo establecido en diversos Instrumentos Internacionales», indicaron.
Asimismo añaden que el Ministerio de Gobernación al solicitar a la Asamblea la cancelación de las personalidades jurídicas violenta los procedimientos establecidos en la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, ya que no se les abrió ningún procedimiento administrativo.
«La Asamblea Nacional violenta una vez más su propia Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, al cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones al señalarlas con falsas imputaciones delictivas, sin que se les permita el derecho a ser oídos, el derecho a la defensa», afirmó el Colectivo.