Los abogados del Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), asistieron esta mañana a las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial en búsqueda de su colega, la Doctora María Oviedo, sin embargo, fueron sacados por la sancionada policía sandinista y es clara señal que la represión van en contra de los defensores, aseguraron.
Nueve funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), asistieron esta mañana a la Dirección de Auxilio Judicial, Evaristo Vázquez, conocido como el «nuevo Chipote” para conocer sobre la situación de la abogada María del Socorro Oviedo, quien fue secuestrada la noche del jueves 29 de julio, en el departamento de León, en casa de su madre.
Oviedo cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aun así fue hostigada por varios días y secuestrada sin conocerse su paradero. El órgano represor de la dictadura de Daniel Ortega, informó el jueves del secuestro de la abogada, a quien se le imputan los delitos de traición a la patria, bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, Independencia y Autodeterminación para La Paz.
Esa misma normativa ha sido aplicada contra otros 28 opositores, periodistas, activistas políticos, excombatientes sandinistas, entre ellos, siete precandidatos a la presidencia de Nicaragua, quienes se iban a disputar el liderazgo único para competir contra el dictador Ortega.
La dictadura considera traidor de la patria a aquellos ciudadanos que pidan, aplaudan y promuevan sanciones en contra de funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos; así como los que insten a la intervención extranjera militar en Nicaragua, de acuerdo con el texto de la Ley.
El doctor Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, dijo que extraoficialmente obtuvieron información de que Oviedo fue trasladada al nuevo Chipote, sin embargo, no le permiten ingreso de alimentos, medicinas ni víveres.
“Nos están informado que no nos pueden dar ningún tipo de información a CPDH, pero queremos saber si se le pueden dar medicamentos, alimentos, extraoficialmente nos dijeron que está aquí en el nuevo chipote, estamos preocupados porque no queremos que suceda como en otros casos que no se sabe nada de las personas que han sido detenidas”, dijo Carmona.
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Ortega apunta contra defensores de DDHH en su nueva escalada represiva
En el operativo de secuestro de la abogada y defensora de periodistas y presos políticos, estuvo a cargo el comisionado represor de la guardia sandinista, sancionado por los EEUU, Fidel Domínguez, quien ordenó el allanamiento ilegal en la vivienda de la doctora Oviedo.
De acuerdo con Denis Darce, director ejecutivo de la CPDH y compañero de trabajo de Oviedo, la única información que tuvo la familia de la defensora, fue que era una investigación de rutina.
“La doctora Oviedo está investigada por el supuesto delito (de traición) a la patria… sin embargo, esta ley no tiene carácter penal, no establece tipos penales, no establece sanciones, es meramente política, no faculta a la policía a detener a los ciudadanos, nuestro rol siempre ha sido la defensa a los derechos humanos, no tienen asidero legal”, dijo Darce.
Asimismo, sostuvo que lo que pretende Ortega es intimidar y acusar a los defensores de derechos humanos, convirtiéndose esta la nueva escalada represiva contra los abogados.
Los integrantes de la CPDH fueron expulsados de las afueras del complejo donde permanecen los investigados por diversos delitos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se solidarizó con la abogada Oviedo y exigió su pronta liberación y el respeto a sus derechos fundamentales.
Asimismo, el Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, quienes se encuentran exiliados en Costa Rica; dijeron que defender derechos no es un delito, por lo que llamaron al régimen de Ortega a liberar a Oviedo y a todos los presos políticos secuestrados.
En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua controlada por el sandinismo, le había suspendido por seis meses la licencia de abogada a esta defensora de derechos humanos. La inhabilitación de la defensora de derechos humanos se debió a la queja que presentó en su contra el teniente Oscar López, jefe de la Dirección de Armas y Explosivos de la Policía en Masaya, cuando en julio de ese mismo año la abogada le dio una bofetada al uniformado por haberla tocado y posteriormente, ella fue capturada de forma violenta y agredida por dos oficiales de la misma institución.