Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado de Nicaragua liberar a los precandidatos presidenciales y dirigentes opositores, Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Maradiaga Blandón y Violeta Granera Padilla.
La orden de la Corte Interamericana, se refiere a cuatro de los veinte opositores detenidos recientemente por el régimen de Daniel Ortega y consideró que la detención lleva «implícito un mensaje intimidatorio» para «disuadir a otros opositores.
El Tribunal Internacional consideró necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, que el Estado adopte sin dilación las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal los líderes y de sus núcleos familiares.
«A la vista de todo lo anterior, el Tribunal considera necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, ordenar la liberación inmediata de los señores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla. Asimismo, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y libertad personal de las cuatro personas identificadas, así como sus núcleos familiares» señala la resolución de la Corte IDH, cuya sede está en Costa Rica.
Como parte de las medidas el Estado de Nicaragua deberá informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 8 de julio sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Posteriormente, el Estado deberá presentar un informe periódico cada mes respecto de las medidas adoptadas de conformidad con esta decisión.
“La privación de libertad de estas personas, conlleva implícito un mensaje intimidatorio, orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que, de persistir, estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho”, cita el texto.
Además, la Corte recordó que en “una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”.