Panamá prorrogo por tres días más el salvoconducto concedido al expresidente Ricardo Martinelli para viajar a Nicaragua, que expiraba a la medianoche del 31 de marzo, después de que se detuvo su posible salida de la embajada de la dictadura sandinista en la capital panameña, en la que se encuentra asilado desde febrero de 2024, tras solicitar Managua aclaraciones sobre una alerta de Interpol.

«Tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado, el Gobierno Nacional ha decidido extender la vigencia del salvoconducto por un plazo adicional de setenta y dos (72) horas, hasta el final del día jueves 3 de abril de 2025», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en un comunicado.

La Cancillería explicó que en relación al «asilo humanitario» concedido a Martinelli el pasado jueves, que concluía este lunes a la medianoche, el Gobierno de Nicaragua solicitó «aclaraciones sobre una aparente alerta emitida por Interpol, la cual fue rechazada por improcedente», según había adelantado el domingo.

Ya lo informaron a la dicradura sandinista

Además, señaló que la Corte Suprema de Justicia, como máxima autoridad del Órgano Judicial, manifestó también esta tarde «no tener objeciones» con la concesión del asilo y el salvoconducto a Martinelli, ya que es una función atribuida al Órgano Ejecutivo.

«Estas consideraciones han sido comunicadas de manera oficial al Gobierno de la República de Nicaragua, como corresponde en el marco del respeto mutuo y la cooperación entre Estados», concluyó el comunicado.

Este anuncio de la Cancillería se produce horas después de que el Gobierno nicaragüense, a través de un comunicado leído por la vocera de la dictadura Rosario Murillo, anunció que se suspendía el viaje de Martinelli previsto para este lunes hasta que no se aclarara la alerta de Interpol.

Murillo dijo, al leer el comunicado, que el caso de Martinelli se trata de una «situación compleja contradictoria que llama mucho la atención» y que pareciera que se trata de una «trampa» o «emboscada» en contra del expresidente panameño.

«Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada», señaló Managua.

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